El gobierno local de Lalín y la oposición municipal demostraron ayer cómo se puede transformar un acuerdo unánime en el Parlamento de Galicia en un enfrentamiento dialéctico a nivel local, cuya carga de acidez se ve considerablemente rebajada porque los argumentos que se emplean desde cada una de las formaciones son los mismos que sistemáticamente se vienen repitiendo desde hace meses. De esta manera, el portavoz popular Román Rodríguez criticó «a incongruencia na que viven os socialistas nas súas decisións sobre a peaxe na autoestrada AP-53, decidindo no Parlamento galego apoiar a proposta do PP para demandar a Fomento unha baixa na peaxe cando en Lalín saen da Comisión Especial con argumentos bananeiros e quedándose totalmente á marxe dos intereses de todos os lalinenses e usuarios desta autoestrada». Mostró su satisfacción por el acuerdo unánime, que espera «non sexa unha cuestión puntual e sirva para retomar o traballo conxunto de todas as forzas políticas e sociais para que entre todos consigamos o obxectivo final previsto de suprimir esta peaxe». Espera que los socialistas de Lalín recapaciten «e co permiso concedido desde os seus superiores en Santiago volvan integrarse na comisión da peaxe», al igual que las demás fuerzas políticas y sociales.
Rodríguez expresó su desconfianza en que Fomento y Acega lleguen a un acuerdo o lo intenten, tras el trato despreciativo con que trataron a la comisión.
Postura del PSOE
Por su parte, desde el PSOE lalinense indican que la solicitud de reducción de tarifas en la AP-53 corrobora su postura de defender «unha negociación institucional, estudando diferentes posibilidades que contribúan a un descenso dos prezos e unha maior utilización da vía». Dicen que siempre defendieron que el problema no es sólo de Lalín sino que afecta a los municipios del eje Santiago-Ourense y ahora el Parlamento lo adopta esta misma posición.
También apunta que la comisión decidió por mayoría -apoyo de PSOE y BNG- no solicitar a Fomento que reciba a la comisión del peaje, por no considerarla mejor interlocutora ante el ministerio que la propia consellería María José Caride. Indican que concuerda así con los socialistas de Lalín que no consideran a Crespo un interlocutor válido «para solicitar unha peaxe que el mismo apladiu. Esta postura tamén parece ser a que veñen de amosar os veciños coa súa escasísima participación nunha concentración que o alcalde pretendía masiva». Para el PSOE, las reivindicaciones de Lalín no debiera encabezarlas Crespo, que creen confirma cada día más su incapacidad negociadora con partidos de diferente signo.
Tesis del BNG
El BNG de Lalín consideró positivo el acuerdo del Parlamento en la medida que pedir la rebaja es mejor que nada, y saludó que algunas fuerzas políticas hayan variado su postura, mientras indican que el Bloque permaneció siempre en la misma tesis con independencia de quien gobernara. No obstante, indican que el objetivo irrenunciable es la liberalización del peaje, alegrándose de los avances en las posiciones inmovilistas «do PP, que creou o problema, e do PSOE, que herdou a súa política inmovilista». Los nacionalistas señalan que tiene que ser el Estado quien asuma la solución para la AP-53, al igual que en otras zonas como Asturias, Andalucía o La Rioja, donde se eliminaron y rebajaron peajes.
Palabras de Touriño ayer
El presidente de la Xunta lamentó ayer, tras el Consello, que el anterior gobierno del PP condenase a los gallegos al pago del peaje de la AP-53 durante 75 años. Lo contrapuso con iniciativas de su gobierno eliminándolos en Rande y A Barcala, y evitando crearlos entre Dozón y Ourense. Tachó las actuales declaraciones del PP sobre el asunto como «oportunistas e demagóxicas».
Román Rodríguez replicó que oportunismo y demagogia fue suprimir el peaje en la AG-53 Dozón-Ourense «co único obxectivo de conseguir os votos necesarios para alcanzar a alcaldía da cidade de Ourense», de la que se alegra pero reclama igual trato para el tramo a Santiago. También dijo que en la AG-53 la Xunta invierte 190 millones de euros, más el costo del peaje encubierto, cifra que triplica a la aportada para el tramo Santiago-Lalín, que se agrava porque los usuarios deben pagar un excesivo peaje.