Luces y sombras del acceso a la judicatura sin oposiciones

El ministro de Justicia anunció ayer un proyecto para reformar el acceso a la judicatura que, aunque bienintencionado, tiene algunos puntos oscuros. Parte de que cuatro mil aspirantes al año son pocos entre los que elegir buenos profesionales, por lo que quiere ir a «pescar allí donde están pescando los grandes despachos de abogados». ¿Acaso los licenciados con buenos expedientes no se irán donde mejores salarios y perspectivas profesionales les ofrezcan?

Puede ser más razonable buscar fórmulas que reduzcan esos cinco años largos de memorización de temas que cuesta a los opositores -a los que lo consiguen- su ingreso en la Escuela Judicial. Posiblemente el aprendizaje de la base técnica, tras cursar la carrera de Derecho, necesite menos tiempo, y quizá también sea posible mejorar el sistema de selección con pruebas donde se examine la capacidad profesional de los aspirantes, más allá del conocimiento memorístico de extensos temas. Pero deben ser pruebas objetivas, que garanticen la imparcialidad del sistema. Aprobados y descartados aprovecharían mejor algunos años de su vida que ahora pasan en la soledad del estudio.

A la sugerencia del ministro de que a jueces y fiscales les vendrían bien una formación en «valores» cabe añadir que esos valores deben ser los de la Constitución. Si no, el riesgo es que el gobernante de turno los identifique con los suyos particulares.