celta El juzgado dirimirá la reducción de capital aprobada por el Celta

La junta general del Celta del año 2009 dibuja un nuevo escenario. Carlos Mouriño amplía su poder dentro del club con Caixanova, segundo accionista, como fiel aliado pero a cambio nace una oposición en el grupo sindicado de acreedores. Por primera vez tiene un 20% de la asamblea enfrente y por primera vez una decisión de los accionistas tendrá que esperar la resolución judicial. Como estaba propuesto, el consejo de administración sacó adelante la drástica reducción de capital de un 83%. Pasa de los 22,6 millones de euros tras la capitalización a 3,7 tras la reducción y abandona la causa de disolución.

Como había anunciado, el grupo sustentado por los créditos de Placente y otros acreedores llevaron la medida al juzgado, tanto Mercantil como al ordinaria. En el primero pedirán la anulación del convenio de acreedores, lo que podría poner en peligro el futuro de la entidad celeste. En el segundo apuntarán que pudo existir fraude y estafa como delitos por parte del consejo de administración, medida que no afectará a aquellos accionistas que apoyaron la iniciativa como habían indicado en un principio.

Como apuntaba el guión la reducción de capital fue el asunto estrella de la junta ordinaria. Tanto, que ya saltó a la palestra un punto antes de lo previsto. Y lo hizo con golpes y acusaciones de alto calado. Con un Mouriño encendido y con Pablo Viana y Sergio Sánchez -letrados del grupo sindicado- defendiendo sus tesis y apuntando que no era precisa semejante reducción para evitar la causa de disolución. Que con ocho millones hubiese bastado. «Porqué dunha reducción de 19, bastaría de 8,5 e sería do 64% non do 254%. Non pode terse como una causa o axuste a legalidade vixente», preguntó Pablo Estévez, otro de los abogados, para abrir el debate. Para el presidente, quedarse con 3,7 era la única posibilidad de dotar de estabilidad futura al club.

Pero más allá de los datos técnicos, en el ambiente se mascaba la confrontación. El presidente acusó en primer lugar a Pablo Viana de presentar tres impugnaciones durante el proceso concursal que pusieron en peligro el futuro del Celta como entidad: «Impugnaron la junta de acreedores, a los cinco millones de acciones de Caixanova y de perder alguna de estas impugnaciones el Celta hubiese desaparecido». A continuación acusó al ex futbolista céltico Diego Placente de ganar el dinero que le ha convertido en accionista destacado fuera del campo «y que ahora se opongan a la reducción es que están pensando en sus intereses, no en los del Celta».

Un cambio en 20 días

El grupo fiscalizador no compartió el criterio. «De buena fe vamos a coger las acciones, y 20 días después reducen el capital alegando que el club está en causa de disolución desde al año 2002. Parece que me ha estafado. Esto puede ser constitutivo de delito de una estafa y si vemos la más mínima posibilidad vamos a plantear una querella contra el consejo de administración», anunció Sergio Sánchez ante la asamblea. Más tarde confirmó que tiene previsto acudir a la vía penal además de la mercantil, lo que podría poner en jaque la entidad. De hecho Mouriño en medio del cruce dialéctico le pidió que vayan en contra de su persona o del consejo de administración, pero nunca en contra del club.

Viana culpó además a Mouriño de promover un movimiento de última hora con la caja que resultó lesivo para el accionariado del club: «Caixanova hizo el movimiento en el último minuto del partido, pero con carácter previo usted alcanzó un acuerdo que está recogido en escritura publica». Recordó que en la solicitud constaba que se había realizado «a petición de la concursada, y para mí eso no es legal, porque el que ha ejercitado una opciones no puede cambiar. Cuando menos deben explicar los motivos». Algo que ahora será ante el juez.