Análisis Un año y medio bajo sospecha

6 de julio de 2008. El juez de lo Mercantil admite la solicitud del Celta de acogerse a la Ley Concursal. La entidad debía, según la documentación presentada, 70 millones de euros. Antes había destapado Mouriño que el agujero contable era de 84 millones y tras el último informe concursal, unido a la información de las memorias, se desveló que el tope máximo de conjunto se situó por encima de los 92 millones cuando Gómez abandonó la presidencia en mayo de 2006.

Noviembre de 2008. Los administradores elaboran un informe en el que acusan a Horacio Gómez y su equipo de «prácticas tergiversadoras contables» para maquillar la causa de disolución en la que es encontraba la sociedad desde junio del 2003.

30 de junio de 2009. Después de un año de intervención judicial se firma el convenio de acreedores con el 53% de los votos al favor. En un modo paralelo, y al ser la quita del 85%, se abre la pieza de calificación contemplada en la Ley Concursal para dirimir responsabilidades.

Octubre del 2009. El juez José María Blanco reclama a los tres administradores concursales el informe para calificar como culpable o fortuito el concurso.

27 de noviembre del 2009. Francisco Prada y José Vázquez presentan como administradores un informe en el que califican de culpable la gestión de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez en su etapa al frente del club y consideran cómplice al auditor. Pérez-Bouzada, el tercer administrador, emite un voto particular absolutorio.

4 de diciembre de 2009. El juez da traslado a las partes y a la fiscalía de informe para abrir el proceso.