La denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría alertaba de hasta nueve posibles irregularidades

La denuncia recibida en el ICAC tras la junta de accionistas de diciembre del 2006 recoge nueve puntos con supuestas irregularidades que ahora han servido para que el auditor fuera inhabilitado y las cuentas del Deportivo hayan quedado bajo sospecha. Estos son:

a) La sociedad ha tenido unas pérdidas por actividades ordinarias de 27,9 millones de euros que se compensan con unos resultados extraordinarios de 28 millones de euros, de los que tan solo se indica que seis millones corresponden a «traspasos de jugadores» y que 24,5 son «ingresos extraordinarios», sin que se especifique ni su naturaleza ni su composición. Sorprende mucho que esta situación no merezca ninguna aclaración en la memoria, teniendo en cuenta que estos ingresos extraordinarios representan ni más ni menos que el 47,4% del total de la cifra de ingresos.

b) Inmovilizado: Otras inmovilizaciones inmateriales: en este ejercicio el saldo de este epígrafe se eleva a 18 millones de euros desde los 8.928 del año anterior, es decir, se ha producido un incremento de aproximadamente 18 millones de euros, y en la memoria se desglosa este epígrafe sin ninguna variación y con el mismo saldo que el inicial sin información adicional alguna.

c) Inmovilizaciones inmateriales deportivas: en este importante epígrafe, con un saldo pendiente de amortizar de 77,2 millones de euros, no aparece ni un solo comentario.

d) Inmovilizado financiero: si bien el Deportivo adquirió el 50% de Ediciones Deportivas Gallegas en marzo del 2005, empresa que da pérdidas, en el informe del auditor no se refleja la participación en esa sociedad ni la dotación que, contablemente, debería producirse.

e) Deudores varios: el saldo asciende a 118,3 millones de euros, de los cuales no existe desglose, y parece que una parte importante pudieran derivarse de la partida, pasiva, de ingresos a distribuir en varios ejercicios, cuyo saldo asciende a 79,9 millones de euros.

f) No existe desglose de las entidades financieras acreedoras.

g) Tampoco parece que estén dotadas las posibles contingencias fiscales de las actas recurridas por importe de 8,2 millones de euros.

h) Si se suman las partidas que componen los ingresos y los gastos de explotación, se obtiene una suma de 23,5 millones de euros y no los 23,6 que figuran en las cuenta de explotación.

i) Sorprende, por último, que en el balance de situación figure con saldo negativo una cuenta a cobrar a las Administraciones Públicas, por importe de 586.337 euros (98 millones de pesetas).