celta Preguntan al juez si Caixanova pudo incurrir en fraude cuando convirtió 5,5 millones en acciones

El grupo sindicado de acreedores presentó el recurso de reposición que había anunciado solicitando al juez del proceso concursal del Celta un auto en el que explique los cambios llevados a cabo por Caixanova y otros acreedores a la hora de elegir la modalidad de cobro. Documentan desde su punto de vista que esos cambios de última hora pueden ser ilegales y que al mismo tiempo resultan perjudiciales para el resto de acreedores (todos de menor cuantía) del club e incluso preguntan si pudo existir fraude con el objeto de cercenar los derechos de otros accionistas. En el plazo máximo de una semana pudiera haber resolución al respecto por parte de José María Blanco Saralegui.

En el escrito presentado ayer ante el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra se hace especial mención a las cambios de parecer de Caixanova y también de Vda. de J. Domínguez, que en un primer momento aparecía por duplicado acogiéndose a las modalidades de crédito participativo y quita del 85%.

De entrada le preguntan al magistrado si las «facultades de opción (...) pueden cambiarse sucesiva y alternativamente hasta el último día de plazo, cuando constan expresamente aceptadas con carácter previo a dicho plazo de opción». Según sus tesis esto supone un «menoscabo de los derechos del resto de los acreedores ordinarios» que están sujetos a las decisiones del mayoritario de la deuda ordinaria, en este caso la caja del sur.

Seis millones de euros sin destino

Al respecto recuerdan que Caixanova tenía pendiente de cobro como deuda ordinaria 11,8 millones de euros, de los cuales se opta 3,2 por la opción del crédito participativo y 5,5 a la conversión de deuda en acciones, pero «existe un total de 6.033.751,20 euros cuyo destino (como si se tratase de una cantidad irrisoria) no aparece determinado o detallado. Pudiera decirse (...) que en ampliación de la cláusula del cierre del convenio lo deja para la opción de la quita del 85%», solicitando la misiva que se aclare el destino de esa cantidad de dinero.

El grupo sindicado liderado por Placente se pregunta cómo se puede especificar el cambio de 5,5 millones y no hacerlo también «con casi mil millones de las antiguas pesetas».

Recuerda en sus tesis que una vez elegida y ratificada una modalidad (la entidad lo había hecho mediante escritura pública y en la junta de acreedores) que la opción aplicada «no se puede volver a ejercitar sino no se especifican de una forma clara y concisa las razones y motivación del nuevo destino (...) lo que vulnera el derecho igualitario y paritario del resto de los optantes que son gravemente afectados».

Validez escrito procesal

Solicitan del mismo modo una aclaración a cerca de la validez «de un simple escrito procesal» para justificar un cambio que según el mismo documento se hizo «a petición de la concursada».

Llegado a este extremo se preguntan si la mención de Caixanova al término «a petición de la concursada (...) tuviera que ver directamente con un movimiento de fraude de ley y procesal que la entidad concursada hiciera para intentar cercenar de manera clara los derechos que en función de la participación en el capital pudieran tener los futuros accionistas que capitalizan la deuda».

Sesgar el derecho de fiscalización

Consideran que la operación fue dirigida a minorar los derechos de los minoritarios, considerando que el intento de control o fiscalización que se pudiera ejercer «se ve sesgada y flagrantemente afectada por la entrada en el último minuto de más de cinco millones que antes estaban en la quita del 85%». Consideran que se ha generado una grave indefensión.

En base a esta argumentación el recurso de reposición presentado en la jornada de ayer solicita al juez de lo mercantil de Pontevedra que se «aclaren convenientemente tras el examen cuáles han sido concretamente las opciones que se deben tener por ejercitados en cada caso de los acreedores optantes».