El informe de los administradores concursales del Celta fue demoledor con la gestión realizada por Horacio Gómez en su etapa como presidente. El documento que ha sido presentado en el juzgado de lo mercantil de Pontevedra habla con claridad de que durante un tiempo se produjo en el club «una sistemática y continuada utilización de prácticas contables anómalas», destinadas a «aparentar una situación económica saneada y unos resultados relativamente buenos».
De forma casi simultanea, en San Sebastián también veía la luz pública el informe concursal de la Real Sociedad. Según recogieron diferentes medios de comunicación, el informe refleja que la situación de la entidad vasca es gravísima y que, igual que sucedió en Vigo, en San Sebastián se falseó la contabilidad. A diferencia de lo que pasó en el Celta, lo acontecido en la Real tiene un valor tremendamente simbólico, porque buena parte del engaño económico se produjo en la etapa presidencial de José Luis Astiazaran, actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Según recogió El País , el informe concursal decía que desde ejercicios anteriores al 2004 y hasta la pasada temporada «se han mantenido prácticas contables no acordes a principios y normas de general aceptación», que habrían llevado «a falsear las cuentas en unos 20 millones de euros para mejorar la situación económica y financiera de la entidad».
Simbolismo
El simbolismo viene dado porque la LFP, además de ser la patronal del fútbol de élite español, es un órgano encargado de vigilar las cuentas de los clubes. Los afiliados a la Liga tienen que cumplir la legalidad vigente en materia contable y documental y entregar en ella sus correspondientes auditorías (realizadas con obligatoria higiene legal). Se da ahora la paradoja de que quien debe garantizar la pulcritud normativa de estas sociedades anónimas deportivas ha sido afeado por un informe que lo acusa de maquillaje contable. Es decir, un zorro preside el gallinero del fútbol español.
Visto lo visto, a nadie le sorprende la impunidad con la que los clubes de fútbol crean sus propias normas económicas y justifican la cuadratura del círculo a la hora de hacer la contabilidad. Galicia tiene ya dos casos paradigmáticos: El Celta, como se ha demostrado en el informe concursal; y el Deportivo, del que su auditora llegó a decir que incumplía los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero ninguno de los dos, ni ninguna otra entidad en España, ha sido llamada al orden por su creatividad con las cuentas desde las instancias futbolísticas o deportivas españolas. Solo se recuerda el caso del propio Deportivo, al que denegaron la licencia UEFA en primera instancia.
¿Qué es lo que falla entonces? Ni la ley, ni los estatutos de la LFP. Hay suficientes mecanismos legales de control a los clubes y hay normas coercitivas que incluyen el descenso de categoría si se incumplen los acuerdos de índole económico. En cambio, a pesar de todos estos mecanismos, en la LFP se han recibido y admitido todas las auditorías, vinieran como vinieran. Es ahora, cuando el fútbol español debe medio billón de pesetas y cuando los clubes comienzan a desfilar por la Ley Concursal, el momento en que aflora la complicidad de los órganos de control en el tremendo agujero negro que padece el balompié en España.
En esta complicidad hay que incluir también al Consejo Superior de Deportes (CSD), en cuya sede las sociedades anónimas deportivas tienen la obligación de depositar sus auditorías. Numerosos clubes de fútbol se encuentran en situación de insolvencia (y por tanto, en obligación de acogerse a la Ley Concursal) desde hace años sin haber sido reprobados por los órganos competentes del Estado. El CSD tiene la potestad de solicitar incluso auditorías externas a aquellas sociedades que considere oportuno. No lo hace.
Lissavetzky
Contrasta la pasividad que desde el CSD se ha observado hasta ahora con la preocupación que ayer mismo manifestaba el secretario de Estado para el deporte, Jaime Lissavetzky: «El fútbol profesional español está en un momento complicado. Si la deuda de los clubes sigue aumentando después de haber puesto el marcador a cero, si se abusa del recurso a la Ley Concursal para salir del paso, el momento se puede calificar de complicado», afirmó Lissavetzky en un coloquio sobre el futuro del deporte profesional español. En dicho coloquio no habló de cuál será la actitud del Estado en el actual panorama de quiebras futbolísticas, que no ha hecho más que empezar.
No se puede decir, por tanto, que el responsable del deporte español no esté enterado de la situación. Pero una cosa es detectar el problema y otra es afrontarlo. Hasta el momento, el único referente en el que el secretario de Estado ha hecho frente al fútbol ha sido en su enfrentamiento con Ángel María Villar, presidente de la Federación Española. La lucha acabó con una rendición en toda regla cuando claudicó ante la amenaza de la FIFA de excluir a España de la Eurocopa. En aquella ocasión, la disputa era por la fecha de las elecciones a la presidencia federativa.