Manuel Ruiz de Lopera ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado por «un presunto delito societario por autocontratación». La demanda procede del grupo opositor Béticos por el Villamarín (BPV), que anunció que tiene constancia de la existencia de «hechos, acciones u omisiones» del consejo de administración del club bético que pueden ser constitutivos de delito y que dañarían gravemente los derechos patrimoniales, tanto de la entidad como de sus accionistas.
BPV solicita la intervención de la Fiscalía para la incoación de diligencias previas, que esclarezcan y delimiten legalmente las actuaciones realizadas en los últimos años desde el consejo de administración del club andaluz.
El dosier enviado por este grupo, compuesto de unos cuarenta folios, ha sido remitido a la Fiscalía de Sevilla, que deberá decidir si admite a trámite o no la denuncia.
Demandan transparencia
Para BPV, «ha llegado la hora de que Ruiz de Lopera explique la tan manida, torticera y mendaz historia de lo ocurrido en 1992, lo que hizo con las aportaciones dinerarias de tantos béticos de base, el porqué de que el Betis no haga pública la administración de sus ingresos, ni los derechos de buena parte de sus jugadores, en beneficio de empresas relacionadas con el señor Ruiz de Lopera, ni la gestión de los derechos urbanísticos de su estadio».
Este será uno de los temas que tendrán un protagonismo especial en la junta general de accionistas que celebrará la entidad heliopolitana mañana en segunda convocatoria, según confirmó ayer el presidente del Betis, Pepe León.
De hecho, los grupos opositores a Lopera quieren evitar que sean acreditados falsos accionistas y solicitan las medidas necesarias para identificar a todos y cada uno de los asistentes a la junta.