«Si hace falta cortar Alfonso Molina, se corta». Esa fue una de las propuestas lanzadas ayer en Esvida, donde familiares y residentes celebraron un encuentro-protesta para exigir el mantenimiento de las instalaciones ante el anuncio de la gestora Sanyres, que se propone cerrar el centro gerontológico.
Juan Antonio San Miguel, portavoz de las 96 familias afectadas por el cese de actividad, indicó que mañana mantendrán un encuentro con responsables de Dependencia para presentarle la petición por escrito de que no se cierre la residencia y que estudie caso por caso cada una de las situaciones. Además, solicitan recibir información acerca de las gestiones realizadas por la administración autonómica para lograr que otro operador dé continuidad al servicio asistencial o negociar con Banif, propietaria del inmueble, para que rebaje sus pretensiones económicas y facilitar así el traspaso de la gestión. «La Xunta tiene la obligación de velar por los mayores», recalcó.