Desde la oficina municipal de Rehabilitación subrayan que los expedientes de expropiación se suelen iniciar por la falta de acuerdo en el seno de la comunidad, principalmente entre los vecinos y los dueños de los bajos comerciales, sobre los que suelen incidir los expedientes de expropiación, que no pueden afectar a las viviendas. En ese sentido, alguno de los abogados implicados en las negociaciones señalan que las reclamaciones monetarias, que en algunos casos llegaron a rondar los 60.000 euros por apenas dos metros cuadrados de bajo, se han moderado desde la entrada en vigor de la normativa que prevé la expropiación.
En cualquier caso, la normativa exige que el acuerdo para la instalación del ascensor sea adoptada por una mayoría cualificada de tres quintos de los vecinos de la comunidad, salvo en el caso de que en el edificio resida algún discapacitado, caso en el que bastaría la mitad más uno de los votos para iniciar los trámites.