El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) notificó al alcalde, Javier Losada, por carta su intención de devolver de inmediato las trece parcelas que sus propietarios originales (un total de 95) reclamaron ante los tribunales en el parque Ofimático. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronunció a favor de los demandantes, al entender que el cambio de usos de los solares del que inicialmente motivó la expropiación daba la razón a los expropiados, por lo que se ordena iniciar el expediente de reversión de las parcelas afectadas.
El IGVS ejecuta la sentencia de forma inmediata y avisa al Ayuntamiento coruñés de que «existen outros recursos aínda pendentes de resolver polo TSXG, que se supón que conterán o mesmo pronunciamento, ademais de outras peticións que se atopan na vía administrativa polo que nos vemos obrigados a iniciar os expedientes de reversión por seguridade xurídica».
La Xunta recuerda al gobierno local de que «isto poderá supoñer, obviamente unha alteración substancial na titularidade dos terreos agora propiedade do IGVS incluídos no proxecto de reparcelación aprobado e actualmente pendente de inscrición no Rexistro da Propiedade».
Peligra la financiación
El ente autonómico advierte, en todo caso, que esta decisión tendrá como decisión añadida el traslado de la responsabilidad sobre el abono de los correspondientes gastos de urbanización de la parcela. El Ayuntamiento coruñés se encuentra en fase de licitación del citado proyecto, cifrado en más de cuarenta millones de euros, cuyo coste tiene que ser sufragado, de forma proporcional por los propietarios de las parcelas en las que se va a construir. El problema adicional es que el Ayuntamiento ha introducido una cláusula en el pliego de condiciones del citado concurso por la cual avisa a los aspirantes a ejecutar la obra -la más cuantiosa económicamente del gobierno local y que figura como la inversión estelar en las cuentas del Ayuntamiento para el 2011- de que, en caso de no conseguir recaudar las cuotas, podrá rescindir, de forma unilateral y sin indemnización alguna a los afectados, el contrato para el desarrollo de las obras.
El IGVS añade en su escrito al alcalde que, teniendo en cuenta que el cincuenta por ciento de los terrenos del polígono son de su propiedad, «resulta evidente a transcendencia xurídica e económica de esta situación, polo que consideramos que esa Administración, en cato xestora da actuación, debe ser coñecedora desta para salvagardar a seguridade xurídica e así mesmo a cobertura financeira da execución das obras de urbanización».
La Xunta, en todo caso, asegura que el proceso de ejecución del proyecto «non está en perigo» y recuerda que la situación actual «é un problema herdado do bipartito, que decretou a venda das parcelas nun consello de administración celebrado o 31 de marzo do 2009, tras as eleccións autonómicas, pero estas sentenzas xudiciais non cambian nin os usos nin se pon en cuestión un proxecto onde só varían os actores e están garantidas as máis de 1.200 vivendas de promoción pública».