El candidato del BNG a la alcaldía, Xosé Manuel Carril, se refirió ayer a la manifestación que realizaron el pasado sábado okupas contra el desalojo de la casa de las Atochas en estos términos: «Foi unha marcha en defensa dun exemplo de bo funcionamento da cultura autoxestionada e a defensa e humanización dun barrio como Monte Alto quedou deslucido por uns poucos que elixiron manifestarse por métodos non tradicionais». El político nacionalista pronunció estas palabras en defensa de la casa de las Atochas en la manifestación organizada ayer por la CIG en la ciudad.
Las palabras de Xosé Manuel Carril llegan después de que el alcalde, Javier Losada, lamentase la «inacción» de las fuerzas de seguridad durante la manifestación de los okupas. Al tiempo que criticó la «pasividad de las fuerzas del orden público», admitía que a priori la marcha parecía que iba a transcurrir por cauces más «tranquilos». Losada exige ahora que los autores de los actos vandálicos «no queden impunes».
Más duro se mostró Carlos Negreira. El líder popular explicó que la reacción de la subdelegación del Gobierno y de las autoridades municipales ha sido «esconderse y pasarse la pelota unos a otros» ante una marcha que «amenazó» a los coruñeses y que «arrasó todo lo que encontró ante la pasividad policial». También recordó que la manifestación «se había publicitado con antelación suficiente para estar prevenidos».
Mientras, el proceso legal que persigue el desalojo de la casa de las Atochas podría alargarse meses. Los recursos que los abogados de los imputados en el juicio han presentado en contra de los requerimientos de la empresa propietaria del inmueble -la promotora Juan Pérez Paz- evitarían que el colectivo que gestiona el centro social tuviese que abandonar sus instalaciones en un futuro cercano.
Solución «discreta»
Tanto los representantes de la sociedad propietaria como el letrado que defiende a uno de los imputados se han esforzado en desmarcar el proceso de la manifestación que acabó con una serie de actos vandálicos que ahora la policía investiga. La empresa espera resolver el tema legal de forma discreta y sin entrar en polémicas de corte social o político. «Es una pequeña inmobiliaria que compró una casa a sus propietarios legales para continuar con su actividad empresarial. Ni siquiera denunciará los actos vandálicos que sufrió el pasado sábado. Quieren estar en un segundo plano y resolver el tema de la forma más discreta posible», explicó José Luis Barral, abogado que representa a Juan Pérez Paz.
A pesar de las desavenencias que dirimirán en un juicio que podría acabar en la Audiencia Provincial tras su paso por el Juzgado de Instrucción número 5, los abogados de ambas partes señalan la posibilidad de que el proceso legal se alargue unos meses debido a las peculiaridades de un caso que tiene implicaciones de índole social.