La policía afirma que busca a los organizadores de la manifestación del colectivo okupa

Los actos vandálicos que se produjeron durante la manifestación de más de quinientas personas que recorrió el centro de la ciudad el sábado han provocado una catarata de declaraciones de condena por parte de las fuerzas políticas de la ciudad. La crítica a la «pasividad» de las fuerzas de seguridad centra la polémica. Desde la Delegación de Gobierno se intenta capear el temporal señalando que la manifestación no les había sido comunicada y no tenía autorización, y que la actuación de los cuerpos de seguridad estuvo dirigida a «garantizar la seguridad de las numerosas personas que transitaban por las calles del centro histórico», además de señalar que la policía nacional ha iniciado una investigación que persigue la identificación de los organizadores de la marcha y de los individuos que protagonizaron actos vandálicos como la rotura de cristaleras o la realización de pintadas.

Sin embargo, la «inacción» de las fuerzas de seguridad ha suscitado las críticas de Javier Losada, que dirigió sus quejas hacia Antón Louro, delegado del Gobierno y compañero de partido, por la «pasividad de las fuerzas del orden público», a pesar de que el alcalde también admitió que a priori la marcha parecía que iba a transcurrir por cauces más «tranquilos». Losada exige ahora que los autores de los actos vandálicos «no queden impunes».

Junta local de seguridad

Más duro se mostró Carlos Negreira. El líder popular explicó que la reacción de la subdelegación del Gobierno y de las autoridades municipales ha sido «esconderse y pasarse la pelota unos a otros» ante una marcha que «amenazó» a los coruñeses y que «arrasó todo lo que encontró ante la pasividad policial». También recordó el PP local que la manifestación «se había publicitado con antelación suficiente para estar prevenidos», además de exigir explicaciones sobre la razón de que no se produjesen detenciones «a pesar de los altercados».

Recordó también Negreira la necesidad de convocar una «junta local de seguridad que lleva más de doce años inoperante». El PP señala la necesidad de esta figura organizativa como medio para «asegurar la coordinación y cooperación entre la policía local y nacional», e «impulsar grupos de trabajo en colaboración con las asociaciones vecinales, sociales y empresariales para la detección de necesidades en materia de seguridad ciudadana».

Uno de los afectados por los actos vandálicos paralelos a la protesta del movimiento okupa fue la promotora inmobiliaria propietaria del inmueble en donde se localiza la Casa de las Atochas. Pintadas en su oficina de la calle de la Torre y una cadena enrollada en su puerta fueron los resultados de una marcha que Juan Pérez Paz, dueño de la empresa, le recordó una situación pasada. «Lo mismo nos pasó hace un año», explica antes de señalar que prefiere que sea su abogado, José Luis Barral, quien ofrezca las explicaciones oportunas.

Barral explica que actualmente el desalojo está pendiente de un recurso presentado por el representante legal del colectivo, y señala que la lentitud judicial está motivada porque es una causa penal, lo que provoca que el procedimiento sea muy garantista con los derechos de los acusados. Barral señaló que sus representados no habían decidido si iban a denunciar los actos vandálicos sufridos, ya que la empresa aspira a estar en un segundo plano dentro de una polémica sobre el fenómeno okupa en la que prefieren no entrar. «Es una pequeña inmobiliaria que lo único que hizo fue llegar a un acuerdo con los propietarios de la casa que vendieron libremente al precio que quisieron», señala un Barral que añade que el único objetivo de Pérez Paz es acabar el procedimiento judicial, en el que hay tres imputados, y recuperar la casa que compraron hace tres años y medio.

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