La crisis del comercio y la reacción del sector con la convocatoria de una manifestación entró de lleno en la arena política. Los partidos han visto que pueden sacar réditos electorales de la protesta y se han lanzado unos contra otros. Unos y otros dicen que solo les mueve la defensa del pequeño comercio y de sus dueños o trabajadores. En eso coinciden. Pero no en la forma de luchar contra las penurias que ahora pasan. Los partidos, lejos de aliviar la tensión, la alimentan con acusaciones. La último ejemplo lo protagonizó ayer el concejal del PP Julio Flores, que aseguró que en la oficina municipal de la oposición «se han recibido multitud de llamadas de comerciantes asustados porque aseguran estar recibiendo presiones directas desde el Ayuntamiento para que no acudan a la manifestación».
Flores respondió así a PSOE y BNG, que intentan derivar la responsabilidad de la situación de los comerciantes tradicionales hacia la Xunta y recordó que «esta es la única ciudad de Galicia en la que el pequeño comercio está en pie de guerra debido a la ausencia de apoyo del gobierno municipal».
El edil fue más allá y acusa a los responsables municipales de no tomar en serio a los comerciantes. Dice que intentan calmarlos ofreciéndoles una nimiedad: «Lo que está claro es que a seis meses de las elecciones municipales no les van a tapar la boca con 300.000 euros como ha pretendido hacer Losada la semana pasada», insistió el edil del PP antes de pedir «una masiva participación» en la marcha de mañana. El mismo deseo tienen los comerciantes, que ven en esta protesta una última oportunidad para llamar la atención de la administración.
Pero si desde las filas del PP se habla de presiones -los concejales de esa formación presentaron pruebas gráficas que corroborasen sus acusaciones-, desde el gobierno local lo niegan. Fuentes municipales consultadas negaron la existencia de ningún tipo de presión por parte de cargos políticos y expresaron su «total respeto» a las decisiones de los coruñeses que decidan acudir a la concentración de protesta convocada por la Federación Provincial de Comercio.
«Las mismas armas»
Mientras, continúan los mensajes de apoyo a los comerciantes. «No hemos sido invitados, pero claro que apoyaremos la protesta», subrayó ayer Rafael Granados, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Galicia en alusión a la movilización convocada por la Federación de Comercio. «Creo que tenemos que estar en la calle y que la plaza de María Pita debería de ponerse a rebosar», añadió antes de considerar que el principal motivo de reivindicación es «reclamar las mismas armas que el resto de las empresas».
Granados no obvia la necesidad de modernización del comercio, «pero ha de ser con las mismas armas y contando con las mismas infraestructuras y servicios que sí tienen otras grandes áreas». En este sentido, desde la entidad que preside hizo ayer un llamamiento a que mañana «todos los comerciantes cierren sus negocios y vayan a María Pita».
El representante de ATA acusó el «exceso de grandes áreas, sufrimos una sobreoferta en metros cuadrados comerciales», indicó, y, de forma especial, la falta de estacionamientos en torno a las áreas de comercio tradicional porque «cuando un posible cliente decide salir a comprar lo primero que piensa es dónde va a aparcar». Granados puso como ejemplo la situación en el Agra del Orzán y el entorno de la calle Barcelona: «Es uno de los barrios más poblados, 28.000 habitantes, y cuando mis hijos vienen a comer a casa a veces se tienen que ir porque no encuentran sitio para dejar el coche; el único párking público que hay tiene la mitad de las plazas vendidas y llevamos años pidiendo que hagan uno en la plaza de As Conchiñas. Sabemos -añadió- que no va a solucionar el problema de la crisis de comercio, pero al menos debemos estar en igualdad de condiciones que el resto».
Riesgos laborales
El llamamiento a la participación cerró el acto de presentación de la nueva campaña lanzada por ATA a nivel nacional, toda vez que han detectado en un estudio que «los autónomos asfixiados por la crisis se ven obligados a recortar recursos en materia preventiva».
En una encuesta realizada entre 700 autónomos (125 de ellos gallegos) de los sectores del comercio, la hostelería, el transportes y la construcción, se puso de manifiesto que siete de cada diez no han recibido asesoramiento directo en materia preventiva y un 80% desconoce los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto en su lugar de trabajo, hasta el punto de que en nueve de cada diez casos desconocen si son sensibles a sustancias o materiales con los que están en contacto a diario.
María Jesús Pérez Maté, técnico en prevención de riesgos laborales de la federación de autónomos, subrayó que «solo el 19% se hacen periódicamente reconocimientos médicos, a pesar de que el 70% de los trabajadores reconocen estar sometidos a estrés laboral y hasta el 80% refiere molestias y dolor en cuello y espalda. De forma significativa, esta técnico recalcó que solo el 27% de los autónomos tienen cobertura por contingencias profesionales, enfermedad o accidente, a pesar de que se trata de un requisito imprescindible para optar al subsidio de desempleo, uno de los derechos largamente reivindicados por los trabajadores.