Barcón: «Nunca pensé que tendríamos que reclamar en la calle libertad de expresión»
A CORUÑA
La junta de personal del área sanitaria celebró ayer en la calle, a las puertas del Chuac, el acto en defensa de la sanidad pública para el que les fue prohibido el salón de actos del centro. Con representantes vecinales y miembros del BNG y del PSOE, la protesta reivindicativa sumó a las críticas a la política privatizadora de la Xunta una encendida defensa de la libertad de expresión.
Preguntado al respecto, el gerente del Chuac, Alfredo García Iglesias, reiteró el argumento dado el pasado viernes por la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, y aludió a que «esta é unha institución onde se presta asistencia, docencia e investigación; todo o demais hai que sacalo fóra deste contexto. Noutros sitios fíxose esta presentación en locais culturais, ou en concellos».
Mar Barcón, parlamentaria del PSdeG-PSOE, aseguró que «nunca pensé que llegaría a vivir esto, nunca pensé que tendríamos que reclamar en la calle libertad de expresión para debatir sobre el futuro de nuestra sanidad». Recordó que ese mismo salón acogió en su día «asambleas en las que se debatía la dimisión del gerente, hoy no era esa la cuestión», pero tildó de «hecho inédito en la historia de este hospital», que no se autorizase su uso. «La conselleira Farjas y Feijoo -añadió- harían bien en recapacitar sobre si intentar amordazar a los profesionales sanitarios y representantes políticos debe ser el objetivo del Gobierno gallego».
Por ello, reclamó una participación masiva en la protesta del domingo en Santiago para manifestar el rechazo a una política que, según Barcón, evidencia sus propósitos no solo en la reducción de los presupuestos para salud, sino también en que «todos los proyectos de nuevos hospitales y centros son con la entrada de capital privado», modelo que, según dijo, ha demostrado su ineficacia en Madrid o Valencia y que «es un atentado contra la sanidad pública». «Alguén se está equivocando de século, de cidade e de sistema democrático», añadió antes de vaticinar que «cando Feijoo remate a lexislatura deixará o dobre de déficit público, en parte polas pretensións privatizadoras da sanidade, que son un negocio».
María Seijo, presidenta de la junta de personal, subrayó que «as mentiras, por máis que se repitan, non se converten en verdade: a privatización non é máis barata, é máis cara e precariza os servizos» y aludió al recorte por el que «somos hospitais asediados, onde no último ano e medio non entrou nin un peso».
Manuel Martín, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, valoró que la prohibición del Sergas evidencia que «la administración tiene miedo a la información, y eso supone que realmente está muy preocupada por nuestros datos rigurosos y contrastados». Criticó que la Xunta no solo «utiliza la crisis para reducir el gasto sanitario», sino que la paralización en centros públicos se realice «desviando actividad a centros privados, que están haciendo su agosto», y aseguró que, además, estos son incapaces de asumir la demanda, por lo que «se genera un incremento brutal de las listas de espera». Denunció también la supresión de planes de mejora de atención primaria o salud mental y los proyectos para subrogar servicios en nuevos centros, y auguró que esta política «dejará sin recursos la sanidad pública y traerá una oleada de despidos».
Ramón Veras, portavoz de la comisión de Sanidade del BNG, abundó en que las fórmulas privatizadoras han evidenciado su fracaso en países como el Reino Unido, con un grave deterioro de un sistema durante años considerado modélico, y reclamó el papel de la ciudadanía para, coincidiendo con el aniversario del Prestige , el 21, «se volva a producir un Nunca máis». Coincidiendo con la protesta, trabajadores de las subcontratas de la limpieza denunciaron que la firma les está descontando en los sueldos el 5% del decreto para reducción del gasto público cuando siguen percibiendo el mismo canon del Sergas.