Ante la nueva petición del denunciante para que se ejecute la sentencia que obliga a derribar el edificio Conde de Fenosa, el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Negreira, exigió que el alcalde dé explicaciones al respecto y que se respalde una comisión de investigación.
Para el líder de los populares, la actual situación incrementa la indefensión de los vecinos del inmueble, a los que califica de auténticas víctimas de un problema que achaca a la «negligente gestión» del gobierno local, y lo que considera como una actuación «irresponsable», al conceder una licencia urbanística ilegal. Negreira cree necesario que se aporte «luz y taquígrafos» a lo que cree que es un «escándalo urbanístico» y apunta que la mejor opción sería crear con urgencia una comisión de investigación, que permita conocer a los responsables políticos que otorgaron la licencia del inmueble, así como las responsabilidades administrativas.
Desde el PP se resalta que el gobierno municipal se ha opuesto ya en dos ocasiones a que se cree esta comisión y cuestiona que haya considerado «una tontería» su propuesta, que vinculan a que tratan así de «justificar un asunto escabroso que afecta a seis de los actuales concejales socialistas del actual bipartito que formaban parte del gobierno municipal en 1997, cuando se le concedió la licencia ilegal».
Para Negreira el hecho que de Losada se autoproclame «campeón del diálogo» contrasta con que todavía se desconozcan que alternativas se manejan para solucionar este asunto y asegura que «se niega a reunirse con los vecinos para explicar por qué se ha llegado a esta situación». El portavoz popular estima que el regidor opta por «la política del avestruz, escondiendo la cabeza con el único fin de no afrontar un grave problema que él mismo ha creado», explica, y afirma que es el momento para que salga a la luz la verdad sobre la licencia.
El PP apunta que el Tribunal Supremo expuso múltiples razones para anular la licencia concedida en noviembre de 1997 por el gobierno municipal socialista, entre los que cita la concesión de una licencia en la que se cambiaba el uso de oficinas por viviendas, en las que se habilitaban menos plazas de estacionamientos que de pisos y en que el patio de luces no cumple las dimensiones reglamentarias. Asimismo, recuerda que las resoluciones confirman que no hay posibilidad de legalizar la obra amparándose en el plan general de 1998, como planteó el ejecutivo municipal.
Los populares indican que también están preocupados por la «crisis financiera en la que puede caer el Ayuntamiento con esta sentencia, ya que expertos han calculado que la posible indemnización a los propietarios podría superar los 40 millones de euros» y estima que el gobierno municipal «ha batido todos los récords de ausencia de control urbanístico, lo que ha originado varios brotes negros cuyas consecuencias pueden pagar todos los coruñeses».