Una sentencia del pasado mes de octubre desestima el recurso presentado por uno de los propietarios del terreno y confirma la ocupación, además del coste de las obras del paseo marítimo a su paso por la urbanización Ponte Pasaxe Sur. Este tramo del paseo comenzó a construirse en el año 2007, aunque el desarrollo urbanístico de esta zona todavía no se ha iniciado.
El propietario de uno de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación denominado polígono I de la UE-14 Ponte Pasaxe Sur, situado en el borde oleirense de la ría de O Burgo, ha denunciado numerosas irregularidades en esta actuación, entre las que figuran el derribo de dos casas sin el permiso de Costas o la relación de parentesco que existe entre el alcalde y la abogada de la junta de compensación, que precisamente ejerce la defensa en el citado fallo.
Dotación pública
La presente sentencia desestima las pretensiones del recurrente sobre la valoración del presupuesto para la realización de las obras del paseo marítimo (un total de 189.996,75 euros) y recuerda que las citadas mejoras las ejecuta el Concello de Oleiros, aunque repercute su coste en la junta de compensación.
En cualquier caso, el fallo se ampara en que la obra se trata de una «dotación pública» y de acuerdo con la legislación vigente (el artículo 20 de la Ley 9/2002) justifica que no existe motivo de impugnación y el «costeamiento de su construcción por la junta de compensación encuentra encaje legal». Asimismo, se hace referencia a algunos de los muchos pleitos que acumula este desarrollo, que contempla como dotación pública «una zona libre y paseo costero de 6.132 metros cuadrados».
El fallo cita uno sobre la delimitación del polígono iniciado en el año 2008, además de los que acumulan decisiones sobre la tramitación del correspondiente estudio de detalle. La última sentencia, susceptible de recurso, hace mención a que la UE-14 Ponte Pasaxe Sur tiene como «objeto formalizar el arranque del paseo costero interior de la ría en contacto con el puente de A Pasaxe».
Por otra parte, hace referencia a las posibles competencias que puede tener Costas en esta zona, y precisamente la necesidad de un permiso emitido por este organismo figura en el origen de otro contencioso del pasado mes de octubre y referido a la necesidad de una autorización para derribar dos casas que, finalmente, se derribaron sin el permiso.