El Concello de Arteixo ordenó ayer que ningún funcionario municipal visionara las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el CEIP San Xosé Obreiro de Meicende. Este trabajo lo estaba realizando el bedel del centro, vulnerando así la legislación de protección de datos. Por otro lado, la Consellería de Educación afirmó que no dispone de medios para cumplir con este servicio.
Denuncias
La orden fue dada ayer tras las denuncias interpuestas por el colectivo MpDC (Movemento polos Dereitos Civís), una asociación que en primera instancia se dirigió a la dirección del centro, del que no obtuvo ninguna contestación al respecto, aunque más tarde, esta la asociación presentó una denuncia en la a Agencia Española de Protección de Datos, en la que sí abrieron expediente del tema además del juzgado del Contencioso Administrativo.
Con la orden de que el sistema de videovigilancia permanezca apagado o inoperativo la Consellería pretende que tanto el juzgado y la Agencia de Protección de Datos paralicen las investigaciones que se están realizando, algo que no satisface las expectativas del MpDC ya que considera que no existen garantías objetivas de que las cámaras dejen de funcionar.
Actos vandálicos
El Movemento polos Dereitos Civís llama la atención sobre el hecho de que, según manifestaciones realizadas por algunos padres, las cámaras que se instalaron en el centro eran para impedir que se cometieran actos vandálicos e ilegales dentro del recinto, sin embargo, el propio centro, según el MpDC, vulnera la normativa vigente al instalar las cámaras, «dando un muy mal ejemplo incluso para los alumnos», advierte este colectivo, que asegura, además, que «el colegio ni tan siquiera se molestó en contestar al escrito que le remitimos».