La Concejalía de Urbanismo dictó ayer la orden de cese de actividad contra los dos after-hours en activo de la calle Pintor Joaquín Vaamonde. Ahora, será la Policía Local la encargada de notificar la decisión, tomada al comprobarse en repetidas ocasiones que no cumplen los requisitos establecidos conforme a la licencia con la que cuentan, que es de cafetería-bar-cervecería. Según el permiso de apertura, no pueden utilizar altavoces y deben dedicar al menos el 50% de su superficie útil a la actividad de café-bar, con la instalación de mesas y sillas.
El Ayuntamiento señaló ayer que será la Policía Local la encargada de comunicar la sanción y comprobar si se cumple o no. La orden se levantaría si los propietarios se adaptan a la normativa, es decir, si desisten de funcionar como pistas de baile y trabajan como cafeterías. De lo contrario, el gobierno local seguirá con el proceso y se iniciará un contencioso judicial.
En el caso de llegar a los tribunales, los dueños tendrán un plazo para presentar alegaciones, durante el cual el juez podría decidir suspender el cierre.
Precisamente la obligación de seguir el procedimiento que marca la legislación como una garantía para los ciudadanos fue uno de los argumentos más repetidos ayer por el concejal de Seguridad Ciudadana, Florencio Cardador, molesto por las críticas contra la actuación de la policía municipal. «Estamos trabajando desde hace tiempo, no ahora porque se movilizan los vecinos, pero la policía es un instrumento, lo he dicho por activa y por pasiva, levanta actas, no cierra locales... y la Policía Nacional dónde está».
Cardador recordó que los agentes municipales «están en todos los fregados» cuando «en la calle tiene que estar la Policía Nacional porque la seguridad ciudadana depende de ella» y aludió a que en una de las intervenciones del pasado fin de semana para comprobar si uno de los locales tenía mobiliario de cafetería «hubo un intento de agresión contra un policía».
La Delegación del Gobierno eludió pronunciarse al respecto, remitiéndose a las declaraciones del pasado lunes, cuando Antón Louro valoró que los after-hours son «un asunto de competencia municipal».
Cardador insistió en que «en un Estado de derecho quien decide si se incumplen las leyes y se sanciona con el cierre o no son los tribunales, no los políticos ni los policías. En otros tiempos -añadió- decidía la policía, pero estamos en un Estado de derecho y son los jueces los que sentencian».
Como prueba de que los funcionarios municipales «están cumpliendo con su trabajo» por encima de sus competencias, el edil recordó que se han cerrado ya dos locales y se refirió también a las inspecciones y al precinto repetido de equipos de música, si bien «hoy con con un MP3 enganchan enseguida de nuevo la música». En ese sentido, también dijo que «el Ayuntamiento siempre está con los vecinos, pero no tiene varitas mágicas».
El edil habló también del malestar por las acusaciones del presidente de los vecinos del Ensanche, Gerardo Crespo, sobre la relación entre los propietarios de los locales y los agentes municipales, y señaló que «si alguien considera que hay connivencia tiene que acudir a los tribunales». A este respecto, Cardador dijo que el gobierno municipal está valorando si, tal y como han pedido los sindicatos policiales, se adopta alguna medida judicial por calumnias.
A juicio del responsable de Seguridad Ciudadana, es posible que los after cuenten con informadores que los alertan de la cercanía de las patrullas, de ahí que la música cesa antes de la llegada del 092.