La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia tiene previsto ejecutar mañana al derribo de las dos construcciones ilegales de Oza dos Ríos, aunque todavía está pendiente de cerrar los últimos detalles necesarios para proceder a la voladura. El órgano dependiente de la Consellería de Política Territorial ya cuenta con la autorización judicial que avala la demolición subsidiaria de los inmuebles, lo que significa, según la Xunta, que será el propietario de las parcelas el que deberá abonar los gastos que ocasione el derribo. Tanto los propietarios como el constructor aseguraron que el destino de los edificios no es el de clubes de alterne, como ayer publicó este periódico, sino el de viviendas unifamiliares.
El hecho de que los inmuebles estén edificados sobre suelo rústico de protección oficial fue lo que llevó al Seprona a denunciar la situación ante la Dirección Xeral de Urbanismo, ya que la ley del suelo contempla varios usos para parcelas con dicha calificación, pero en ningún caso permite la construcción de viviendas. Tras la denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, desde la Xunta comprobaron que el propietario de las parcelas poseía una licencia municipal que contemplaba la construcción de dos viviendas unifamiliares asociadas a una explotación agraria.
Por ello, el Concello de Oza dos Ríos, a petición de Urbanismo, procedió a tramitar la anulación de dichas licencias y recurrió al Tribunal de lo Contencioso como vía válida para tramitar la ilegalidad de dichas construcciones.
Una vez que se dictó la resolución judicial que contemplaba la anulación de dichos permiso, se advirtió al propietario de las parcelas para que ejecutara la voladura de los inmuebles, que incurrían, según el juez, en una ilegalidad.
Ilegalidad
En vista de que esta advertencia no dio resultados, la Consellería de Política Territorial se hará cargo del derribo, aunque sus costas serán remitidas al propietario. Además de incurrir en una ilegalidad por construir en una superficie para la que la ley del suelo no contempla edificabilidad, según señalan desde la Xunta de Galicia, el dueño de las parcelas estaba haciendo de las propiedades un uso diferente del que tenía contemplado en la licencia municipal, hecho que también fue argumentado y advertido desde la Dirección Xeral de Urbanismo para solicitar el derribo.