La vida en la zona de A Zapateira transcurre con normalidad una semana después de que el estudio realizado por la Escuela de Arquitectura destapara que más de un centenar de infraviviendas eran alquiladas a estudiantes en el área. Algún vecino vio un coche de la Policía Local en la zona, pero únicamente patrullando con normalidad. Hasta el momento, tal y como constataron fuentes de la concejalía de Urbanismo, ningún propietario de esos inmuebles se ha dirigido a ese departamento municipal para interesarse por el estado legal en el que se encuentran esos inmuebles y, en caso de que se demostrara su irregularidad, tratar de buscar una vía para regularizarlos. La citada concejalía, que según aseguró ha iniciado una investigación que tardará al menos un mes en concluirse, había anunciado sanciones económicas contra aquellos que hayan vulnerado la legalidad vigente.
Pero algunos propietarios parecen ignorar la normativa existente en materia de edificabilidad y las multas a las que podrían tener que hacer frente. Hace unos días una propietaria de unos apartamentos de la zona reconocía que esos inmuebles no estaban totalmente regularizados al explicar que le habían comentado que haciendo un paso de unión entre ellos y el inmueble principal de la finca podría regularizarlos. Otra dueña también reconocía que no tenía todo en regla, pero al menos tenía la vivienda curiosa.
Registro
Por otra parte, en el registro catastral puede comprobarse como en algunas de las fincas que aparecen en el estudio únicamente figura una vivienda, cuando en realidad hay varios pequeños apartamentos en el mismo espacio, tal y como figura en el informe realizado por la escuela.
La mayor parte de las infraviviendas descritas en el estudio coordinado por Xosé Lois Martínez y Xosé Manuel Vázquez Mosquera constan de un módulo tipo de unos 17,1 metros cuadrados útiles. Ahí está el dormitorio, una mesa de estudio, el aseo y la cocina. Otra modalidad extendida, tal y como consta en el trabajo realizado, es todavía más pequeña que la anterior. Es una especie de apartamento de unos 12,4 metros cuadrados en los que tienen que poner todos los elementos fundamentales de un hogar. Otro tipo es el de pequeños módulos de 8,5 metros cuadrados útiles con una cocina común para varios espacios. Luego hay los que tienen unos 38,5 metros cuadrados de superficie. Lo que no sería aplicable a las supuestas infraviviendas es la nueva norma del Hábitat elaborada por la Consellería de Vivenda y que comenzó a aplicarse esta primavera. Esta legislación afectaría únicamente a las viviendas de nueva edificación y la mayor parte de los inmuebles puestos en tela de juicio fueron construidos antes de esa fecha.
Colaboración
Otro asunto es que éstas carezcan de licencia o figuren como galpones. Pero eso es algo que tiene que esclarecer el Ayuntamiento. Una vez identificado este fenómeno urbanístico, el Concello será el encargado de determinar la legalidad de los inmuebles que recoge el estudio. La noticia ha generado cierto temor entre algunos de los estudiantes que habitan esas pequeñas habitaciones que hay repartidas por la zona. Temen que los echen de los únicos espacios que pueden pagar, ya que los precios de los alquileres en la ciudad resultan mucho más elevados. En este sentido, el Concello de A Coruña se comprometió a colaborar con los estudiantes que vivan en esas dependencias y que ahora tengan que dejarlas.
Los que también reaccionaron al respecto fueron los Comités Abertos de Facultade (CAF) y Comités Abertos de Estudantes (CAE). A juicio de estas formaciones estudiantiles afines al BNG «a existencia desta problemática no campus da Coruña é resultado da carencia dunha política de calquer tipo de vivenda pública para os estudantes da UDC». También responsabilizan de las infraviviendas encontradas «á Consellería de Educación, ao Concello de A Coruña e a etapa do antigo reitor».
Por ello, los colectivos estudiantiles apoyan la iniciativa de levantar una residencia de estudiantes que impulsa el rectorado de A Coruña, «xunto coa consellería de Vivenda» y que a su juicio están obstaculizando la Consellería de Educación, la concejalía de Urbanismo y la Consellería de Política Territorial.
Otra de las peticiones que han realizado ambos colectivos estudiantiles es la creación de un ente público que gestione la vivienda para estudiantes.