El trabajo elaborado por un grupo de alumnos de Arquitectura, coordinados por dos profesores de la escuela, ha puesto de manifiesto que ni todo el monte de la Zapateira ni todo el campo de Elviña es orégano: en la zona verde que circunda a los campus, pegados a los cierres de suntuosos chalés, existen hileras de pequeñas construcciones que sirven de alojamiento durante el período escolar a decenas de estudiantes. Estos, entre los que a buen seguro se encuentren grandes talentos, llamados a liderar la sociedad del futuro, hincan los codos en galpones que apenas superan los 12 metros cuadrados. Las imágenes que han aportado los responsables del informe nos remiten, al menos en su aspecto externo, a módulos carcelarios.
Los estudiantes que acuden al reclamo de estos apartamentos no lo hacen por capricho: es la única forma de poder desarrollar una carrera universitaria fuera de casa. Quizás algunos caseros se hayan convencido de lo siguiente para no morirse de vergüenza: «En el fondo, estamos haciendo la labor que las instituciones se ven incapaces de asumir». Claro que, a cambio, obtienen pingües, y ya veremos si lícitos, beneficios.
El caso de los ranchitos es sonrojante y ha cogido en un extraño fuera de juego a todos. En primer lugar, al máximo responsable de la UDC, José María Barja, quien pidió que se tomen medidas y pasó la pelota «a quen lle corresponda». El rector no tiene competencias en materia urbanística ni de policía, pero sorprende que no haya sido más contundente, cuando muchos inquilinos son parte de su alumnado; aunque es cierto que el grito en el cielo lo han puesto miembros de su equipo.
Sorprende, igualmente, que nadie en el Ayuntamiento estuviera al tanto -parece impensable que supieran y callaran- de una situación que se remonta al menos 20 años en el tiempo, según algunas de las denuncias llegadas ahora a La Voz. Tras conocer el informe, el alcalde anunció ayer la apertura de expedientes y el «restablecimiento de la legalidad vigente». Si es así, si se restablece la legalidad -habrá que ver si existen licencias, quién las concedió y para qué-, los propietarios de algunos de esos chalés podrían ir pensando que «la avaricia rompe el saco» no es solo una frase hecha.
Lo que un internauta definió con bastante acierto como «chabolismo universitario» tampoco ha removido los cimientos de Vivenda, que a media tarde de ayer no se había manifestado sobre la cuestión. Curiosamente, se trata de la misma consellería que hace menos de un año sacó adelante las Normas do Hábitat Galego, que establece como superficie habitable un mínimo de 40 metros cuadrados, más del triple del espacio en el que muchos estudiantes de la UDC intentan labrarse un porvenir.
La «aparición» de infraviviendas para universitarios es solo la punta del iceberg del fracaso de la política urbanística en la ciudad, jalonada de buenas intenciones, con algunas actuaciones positivas, pero a todas luces insuficientes, quizás porque se trata de una cuestión de tal calibre que el Ayuntamiento en solitario se ve incapaz de abordar.
Basta visitar los pisos que se ofrecen en alquiler en el centro urbano, muchos rondando los 600 euros al mes -un precio imposible para muchísimas familias, ya no digamos para un estudiante- y en condiciones dudosísimas de habitabilidad, para darnos cuenta del panorama. Mientras tanto, el propio Ayuntamiento reconoce que en A Coruña existen 15.000 viviendas vacías. El por qué es fácil de entender; con estos pisos en el mercado, los ranchitos de los campus de la Zapateira y de Elviña estarían condenados a cumplir una función acorde a sus características: la de simples trasteros.