Secretariado Gitano recomienda evitar la concentración de familias realojadas en los barrios
A CORUÑA
El delegado territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Santiago González Avión, explicó ayer que dar una solución al conjunto de Penamoa requerirá «unhas medidas complexas» debido, entre otras cuestiones, a las dimensiones del asentamiento chabolista. Aclaró que las soluciones que se han planteado en el Ayuntamiento coruñés «nada teñen que ver co que aseguran e pensan os veciños de Mesoiro» y afirmó que no se pretende en ningún caso trasladar los problemas de Penamoa a otros barrios de la ciudad con el realojo de las familias que allí viven.
Explicó que la Fundación Secretariado Gitano está en contacto directo con la Consellería de Vivenda y con el Ayuntamiento de A Coruña en relación a los planes para este realojo y aseguró que el proceso requiere «precauciones especiales» porque «ninguén quere que se reproduza Penamoa nun entorno diferente». En cuanto a esas medidas especiales, Santiago González destacó dos que son fundamentales para el éxito del realojo de chabolistas.
Precauciones
La primera que recomienda la Fundación Secretariado Gitano es que se desarrolle un proceso previo al cambio de domicilio de educación familiar, «para que a xente que malvive e dispón de unha economía informal, ilícita ou nos casos máis extremos delictiva, cambien os seus costumes. O principal é ver se están dispostos a un cambio de vida». Otro de los puntos fundamentales para el éxito del realojo es que no haya concentraciones de familias en barrios de la ciudad. «Iso crearía unha rede de apoio para voltar á economía informal ou delictiva, polo que hai que cortar a relación co entorno de procedencia».
Santiago González también explicó ayer que las protestas de los vecinos de Mesoiro se refieren, en realidad, al proceso de adjudicación de viviendas de promoción pública y aclaró que, en ese caso, deberían presentar iniciativas o enmiendas de tipo legal. Defendió, no obstante, que las adjudicaciones de viviendas sociales son un proceso público y que la administración o los políticos no la pueden modificar a su antojo porque en ese caso incurrirían en un delito de prevaricación.