El gobierno local pretende emplear el próximo mes en recoger todas las aportaciones posibles al borrador
14 nov 2007 . Actualizado a las 12:13 h.La ordenanza antibotellón que el gobierno municipal coruñés intenta aprobar no entrará en vigor al menos hasta la próxima primavera. Y ello, contando con acelerar al máximo todos los plazos legales para poner en marcha el nuevo marco legal que la portavoz socialista, Carmen Marón, no dudó en definir como «de largo recorrido».
Esos tres meses que, como mínimo, tardará la nueva ordenanza en ser una herramienta útil contra los desmanes y las incomodidades derivadas del consumo incontrolado de alcohol en las calles de la ciudad forman parte del itinerario legal, aunque esa demora no acaba de satisfacer a los colectivos afectados por el exceso de ruido o de los inconvenientes derivados del consumo del alcohol en la vía pública.
Mientras el debate político permanece enzarzado en la supuesta originalidad de cada una de las dos propuestas que se están manejando que en estos momentos, el Ayuntamiento mantiene su particular hoja de ruta. Cada departamento está ultimando una batería de medidas, que van desde alternativas de ocio al incremento de la vigilancia policial. Esas propuestas serán recogidas en la ordenanza municipal. Pero también se pedirá la colaboración de distintos agentes sociales, desde las asociaciones de vecinos a los colectivos juveniles, con el fin de dar cabida a todas las sensibilidades y, sobre todo, «no criminalizar a los jóvenes», como ha reiterado en varias ocasiones el alcalde, Javier Losada.
Ese período de recogida de sugerencias no tiene fecha de finalización, aunque la intención del gobierno local es acelerar los contactos para intentar llevar cuanto antes a pleno la propuesta definitiva de ordenanza antibotellón. En todo caso, en María Pita se evita poner plazos. «Podría ser en el pleno ordinario de diciembre -que tendrá lugar a primeros de mes- o en enero, pero lo importante no es la fecha, sino el contenido para dar una solución global a este problema que no es exclusivo de A Coruña, sino que afecta a toda España», explican las fuentes consultadas.
A partir de ahí, se abrirá un plazo de alegaciones públicas en la que algunas entidades, como el Movimiento polos Dereitos Civís ya han anunciado su intención de personarse «porque pode haber artigos que vulneren os dereitos constitucionais».