La coordinadora vecinal de la plaza del Humor y de la plataforma antibotellón no las tienen todas consigo. Con cierto escepticismo han acogido el borrador de la ordenanza propuesta por los socios del gobierno local, que consideran «un poco ambigua, no se determina qué es lo que sí es botellón y lo que no, no acaban de definir qué es lo que se quiere prohibir y lo que no, parece que quieren pero no se atreven», resume Beatriz Rodríguez, portavoz de los residentes.
En opinión de los principales afectados, el texto del anteproyecto no deja suficientemente claro cuándo se trata de una práctica prohibida, ya que «hablan de si hace ruido o si provocan algún destrozo, pero los chavales o están o no están», resume la portavoz, que reclama «generosidad de todos los partidos». Los vecinos piensan que «hay poca coordinación entre la oposición y el gobierno local, se machacan el uno a los otros», por lo que solicitan voluntad de consenso para unir lo mejor de cada una de las dos propuestas y sacar adelante la mejor ordenanza. «¿Por qué -se pregunta Rodríguez- nosotros que somos gentes de un partido, de otro o incluso que no vota, nos unimos para defender un derecho de todos, el derecho a descansar, y nuestros representantes políticos no son capaces de hacerlo?», concluye.
Oposición
Carlos Negreira, portavoz del PP, criticó el texto presentado por PSOE y BNG por considerar que «refleja el carácter del propio alcalde, la indecisión». Asegura la oposición que en el borrador no aparece «ni una sola vez» la palabra botellón y considera que el bipartito ha dado muestras de «despreciar absolutamente a los ciudadanos porque después de semanas de reuniones presenta un calco mutilado de la ordenanza de Bilbao», texto que al parecer también ha tomado como referente el propio PP.
Junto a la indefinición del anteproyecto del bipartito, que «deja la interpretación a las circunstancias del momento», Negreira opina que se echan en falta también aspectos como la aplicación de un programa de control de calidad de las bebidas que se venden en locales autorizados o la prohibición de publicidad que incite al consumo. No tiene nada que objetar el PP, sin embargo, sobre las sanciones propuestas: «Van en la línea de las nuestras», indicó.