Recuerdo haber leído hace ya algunos años que España es líder mundial en el desarrollo de medidas antifraude en máquinas expendedoras. Lo que debería ser una buena noticia se diluye como un azucarillo cuando se entra a analizar la causa que propicia este liderazgo: somos el primer productor mundial de picaresca.
Resulta cuando menos preocupante comprobar como, a pesar de ser los españoles desde hace mucho tiempo el tercer productor del mundo de bebidas alcohólicas, hoy es el día en que no parecemos dispuestos a hacer una reflexión profunda y honesta acerca del daño que el uso incontrolado de sustancias alcohólicas infligen a la sociedad.
Viene el tema a cuento cuando el fenómeno del botellón, aunque de soslayo, ha sido objeto de debate en sesión plenaria celebrada en Boiro. Sorpresivamente, las conclusiones finales han merecido el consenso de diestra y siniestra. Y digo sorpresivamente, primero, porque no estamos acostumbrados al entendimiento en la política, y, segundo, porque sostener que el botellón es básicamente un problema de orden público -únicamente de ubicación-, no solo es agarrar el rábano por las hojas, sino que además denota un análisis absolutamente banal de la cuestión. Visto lo visto, me atrevo a decir que, de no suponer esta actividad una alteración del descanso de los ciudadanos, no sería merecedora de nuestros desvelos.
Desde el punto de vista sociológico, transmitir a nuestros jóvenes, en muchos casos menores, el mensaje de que pueden consumir alcohol en la calle hasta el coma etílico siempre y cuando lo hagan en silencio y sin atentar contra el mobiliario urbano, supone una flagrante dejación de nuestra labor de educadores por no trasladarles por todos los medios el mensaje de lo que esta moda constituye antes que nada: un problema de salud pública.
Un mensaje erróneo que nuestro código penal se encarga de reforzar cuando sigue considerando un atenuante el encontrarse bajo los efectos del alcohol a la hora de cometer un buen número de delitos.
No queremos acabar de entender que el alcohol es una sustancia muy peligrosa, responsable de graves patologías, conductas de riesgo y de no pocos fracasos vitales. Solo así se puede entender que reiteradamente relajemos nuestras obligaciones legales cuando en España existe una Ley de Protección del Menor que recoge, en esencia, que cualquier persona o autoridad que detecte una situación de riesgo para un menor, como es la del consumo del alcohol, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. A estas alturas cabe preguntarse: ¿Qué sentido tiene desarrollar nuevas leyes cuando no cumplimos ni hacemos cumplir las ya existentes?
En palabras de Emilio Calatayud, juez de menores de Granada famoso por el contenido educativo de sus sentencias, «tenemos la obligación moral y legal de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública; de otro modo debemos prepararnos para recoger lo que hemos sembrado: una infancia y una juventud excelentes, pero en convivencia directa con un alto riesgo en tanto que hemos fomentado el alcoholismo en ellos». Ahora, si quieren, hablamos de orden público.