Mirador de Sanxenxo, la empresa vinculada a familiares de un vicepresidente de la Generalitat Valenciana, está completamente desvinculada del desarrollo de uno de los suelos urbanizables de Monte Faro.
De hecho, la promotora que controlaba más del 70% de los 336.000 metros cuadrados del SU-14 se extinguió en enero de este mismo año. Los administradores de la firma eran Vicente Cotino Ferrer y Vicente Cotino Escribá, hermano y sobrino del vicepresidente tercero y responsable de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino.
La familia levantina era también la dueña de Sedesa. Mirador de Sanxenxo fue absorbida por Sistemas Globales Inmobiliarios, extinguida en la actualidad.
Primero la crisis del sector inmobiliario y luego la económica-financiera obligaron a la promotora a abandonar la idea de construir las 1.347 viviendas de baja edificabilidad que contempla el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado en el año 2003.
Los problemas de liquidez llevaron a Mirador de Sanxenxo a vender su parte del pastel a Caixanova, entidad que era la principal financiera para ejecutar la promoción urbanística. Precisamente la familia Cotino es experta en la construcción de este modelo de complejo residencial, baja edificabilidad ligada a una gran extensión de terreno con protagonismo a los espacios verdes.
Fuentes conocedores de la negociación cifraron en unos 60 millones de euros la transacción entre la firma y la caja.
«Mirador está completamente desligado de Monte Faro», subrayaron otras fuentes consultadas por este periódico.
Fuentes, en este caso de la entidad crediticia, ni desmintieron ni confirmaron la información, precisando que no realizan comentarios sobre sus clientes.
Queda en el aire -actualmente en litigio- la reclamación formulada en su día por la promotora para recuperar poco menos de los cinco millones de euros entregados al Concello para canjear la contrucción de vivienda oficial (un 20%) por su valor económico. Un cambio en la normativa que entró en vigor el 19 de julio del 2008 obliga ahora a las constructoras a acometer vivienda protegida independientemente de su edificabilidad.