Siempre hay un resquicio por el que colarse para burlar la ley. Ese es el principio básico sobre el que se ha levantado un arte tan nacional como es el de la picaresca. Y ese es el principio al que el Concello de A Illa ha querido poner freno mediante la aprobación de una ordenanza con la que se pretenden llenar todos los vacíos legales con los que técnicos y políticos se topan a diario, en mil y una facetas de su trabajo.
La «ordenanza reguladora das relacións de convivencia de interese local e do uso dos servizos, infraestruturas, equipamentos, espacios públicos, praias e terrazas» es un texto que nace, pues, para dar respuesta a una serie de problemas que se plantean una y otra vez, especialmente «á hora de tramitar expedientes e de dar concesións», según señalaba ayer el alcalde, el socialista Manuel Vázquez.
El documento abarca diversos asuntos que pueden obstaculizar la convivencia de todos los ciudadanos en las vías públicas. Uno de esos asuntos es el uso del mobiliario urbano, propiedad de todos, como soporte para todo tipo de mensajes publicitarios. Según el texto aprobado en el último pleno, se prohíbe la instalación de todo tipo de carteles anunciadores y reclamos «en papeleiras, colectores de lixo, instalacións de alumeado público e marquesiñas». Todas esas zonas están vedadas a todo tipo de mensajes comerciales, pero también a los electorales: los partidos tendrán que buscar nuevas estrategias de comunicación en A Illa, ya que las banderolas y los carteles tendrán difícil acomodo en la localidad.
Además de prohibir que el mobiliario público sea utilizado como plataforma publicitaria -ese uso genera daños y gastos de limpieza-, la ordenanza sometida la pasada semana al juicio del pleno aborda otras cuestiones y fija normas de convivencia en otros espacios, como es el caso de las playas. En ese sentido, se fijan normas relacionadas con la limpieza, estableciendo que son los concesionarios de servicios quienes se deben responsabilizar de adecentar el arenal en su zona de influencia, o incluso de la colocación de papeleras a lo largo de esa superficie si es que esta resulta muy amplia, como puede ser el caso de quienes explotan el servicio de hamacas. Como en la limpieza de los arenales también tiene que ver el Concello, la ordenanza regula que la Administración local colocará contenedores a lo largo de las playas, a fin de garantizar que todo aquel que acuda a los arenales disponga de un lugar en el que depositar sus residuos. Junto con la limpieza, se abordan otros aspectos, como la venta ambulante de refrescos u otros productos por los arenales -sujeta a las mismas normas que pesan en el resto del municipio-.
Los incumplimientos de esta ordenanza están multados. Las penas pueden oscilar entre los 750 euros de las faltas leves, a los 3.000 de las más graves.