Un grupo de ex trabajadores de la empresa Lantero e Hijos cree que no se están cumpliendo los acuerdos a los que la dirección llegó en su día con el Concello para negociar el traslado de la fábrica al polígono de O Pousadoiro. Teniendo en cuenta que hace unos días se hicieron públicos los avances acordados para dicho traslado, los ex trabajadores han querido llamar la atención de los grupos políticos con representación en la corporación local para que investiguen esas presuntas irregularidades por ellos denunciados.
Fue el año pasado cuando se hizo público que a ocho trabajadores de la empresa no se les habían renovado los contratos. Cuatro de ellos fueron entonces a los tribunales, porque llevaban diez años trabajando para Lantero, aunque casi siempre contratados por empresas de trabajo temporal. Antes de que se celebrara el juicio, la propia empresa reconoció la vinculación laboral con esos trabajadores, y se mostró favorable a indemnizarlos. Sin embargo -siempre según la versión de los denunciantes- ellos siguieron adelante con la denuncia, «porque nós non queremos a indemnización, queremos o traballo».
Recientemente, varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban dando la razón a los demandantes y obligan a la firma de fabricación de cartón a readmitirlos o indemnizarlos. Lantero optó por lo segundo, asumiendo pagos que van de los 5.000 a los 20.000 euros, dependiendo del caso. Con todo, los trabajadores siguen sin estar de acuerdo, porque lo que ellos quieren en seguir en su puesto de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta los años que llevaban en la empresa y que nunca habían tenido problemas.
Debate en el pleno
Los trabajadores recuerdan que cuando se negoció con el Concello el traslado de la fábrica de A Compostela se acordó el mantenimiento de la plantilla. «Cando nós marchamos era de 135 traballadores máis oito eventuais que tiñan que pasar a fixos cando se fixera o traslado», recuerdan. Ellos sostienen que ahora mismo la plantilla ya tiene menos personal, por eso han presentado un escrito a los grupos municipales para que ese asunto se aborde en el próximo pleno, ante la sospecha de que no se están cumpliendo los acuerdos adoptados para el traslado cuando era alcalde Javier Gago.