Avala la lucha por evitar derribos, aunque la solución depende de la Justicia
08 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Más de siete años después de que trascendiese la sentencia de demolición que afecta a 118 pisos del barrio viveirense de Lodeiro, los propietarios reciben como «una buena noticia» el proceso administrativo que desembocará en la legalización de los edificios. Comparten esa interpretación del alcalde Melchor Roel y la consideran otro argumento favorable en la lucha por evitar el derribo de sus casas. Reiterando que se sienten «estafados», relativizan esa victoria en el ámbito administrativo. Recuerdan que sobre sus pisos sigue pesando una condena judicial y que, por tanto, la solución que llevan años reclamando continúa dependiendo de lo que decidan los tribunales.
Y en la Justicia tienen depositadas «todas nuestras esperanzas», recalca María Jesús Pernas, de la Asociación de Veciños O Lodeiro, constituida a principios del 2009 para defender a los damnificados. Siguen «a la expectativa», aguardando noticias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG). De ahí partió en el 2003 la sentencia de derribo, y ahí se dirigió, meses atrás, la última petición. Ahora se pretende que los tribunales reconozcan que la sentencia no puede ejecutarse, porque demoler los inmuebles condenados dañará otros anexos que no tienen sentencia en contra.
De «paso necesario e imprescindible» califica María Jesús Pernas la legalización urbanística. Y destaca que respalda la tesis contraria a la demolición, ya que, recalca la dirigente del colectivo vecinal de Lodeiro, «para qué se va a tirar lo que al día siguiente se puede construir».
A los afectados por la sentencia no se les escapa que la regularización administrativa de sus casas no cambia nada judicialmente. Tampoco obvian al ciudadano que denunció las licencias y consiguió que los tribunales las anulasen y ordenasen demoler los inmuebles: «De las decisiones que tome él también depende un problema en el que nosotros somos las víctimas», reconoce María Jesús Pernas. Mientras los vecinos aseguran que, cuando compraron sus casas, nadie les avisó de la denuncia que pesaba sobre ellas, el Concello sí informa ahora a todos los implicados de que prevé atender la petición de Mareber para legalizar uno de los edificios sentenciados.