Legalidade Urbanística investiga en trece de los quince municipios

Solo Alfoz y Ourol, dos municipios sin costa y entre los menos poblados de la comarca, se libran de las investigaciones abiertas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con el fin de dilucidar si se ha cometido alguna infracción. En los otros trece ayuntamientos de A Mariña están iniciados expedientes por supuestas vulneraciones de la normativa.

Las informaciones difundidas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras permiten comprobar que las supuestas anomalías detectadas y las «principais investigacións tiveron por obxecto actuacións presuntamente constitutivas de infracción urbanística moi grave» y estaban relacionados con «obras e actividades realizadas en solo rústico que están prohibidas» por la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural. En respuesta a preguntas de las diputadas nacionalistas Teresa Táboas e Isabel Sánchez, la consellería deja constancia de que la agencia tiene expedientes abiertos en Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. No especifica ese departamento autonómico cuántas investigaciones se están realizando ni las causas.

La agencia sigue este año un plan de trabajo definido por el anterior Ejecutivo. Dentro de ese plan de inspección, desde la consellería destacan operaciones de vigilancia e inspección urbanística, actuaciones concertadas con los municipios integrados en la agencia, así como aclaración de «feitos constitutivos de posibles infraccións urbanísticas moi graves o graves». También se ocupan de tramitar y de resolver los expedientes que obligan a los promotores a dejar todo como estaba antes de las obras que vulneren las normas, así como de adoptar «medidas cautelares para a suspensión de obras realizadas en solo rústico sen a preceptiva autorización urbanística autonómica».

Ese organismo autonómico tiene competencias para la «execución forzosa das ordes de demolición adoptadas nos procedementos de reposición da legalidade urbanística».Otra función es la tramitación y resolución de expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves, sin olvidar la resolución de los recursos ni el «exercicio das competencias delegadas polos concellos integrados na axencia». A todo eso suma la posibilidad de «denuncia ante o Ministerio Fiscal de Feitos que poidan ser constitutivos de delito tipificado no Código Penal», según la respuesta oficial a las preguntas del BNG.