El Concello de Viveiro enviará hoy al conselleiro de medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, toda la documentación referida al caso Lodeiro, y de la que según explicó el alcalde, Melchor Roel, no dispone en su totalidad. «Vamos a enviar la documentación que el conselleiro no me pidió, que al parecer solicita una persona que ni siquiera es concejal pero que cuando era alcalde era el responsable de toda la situación que vivimos», señaló Roel.
El regidor aludía así al «desconocimiento» de la consellería de la sentencia que había dejado sin efecto la modificación de la normativa urbanística del 2004, y que decía que no se podía modificar lo que no existe, al no haber sido publicada, así como el auto del Supremo que «al admitir a trámite el recurso de casación técnicamente deja suspensa la sentencia [de demolición de las viviendas] del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no solo ocultaba a los vecinos y a su grupo, sino también a las nuevas autoridades de Galicia», en alusión al ex alcalde y presidente del PP local, César Aja.
Roel recordó que todas las actuaciones realizadas como alcalde en torno a Lodeiro «he tenido el apoyo del 100% de los representantes municipales»
Fue el anuncio realizado por el alcalde viveirense antes de aclarar las razones por las que hoy se someterá a aprobación en pleno -aunque la junta de portavoces ya dio ayer de forma unánime el visto bueno- la propuesta que remitirán a la Xunta solicitando la modificación de la normativa provisional vigente desde el año 2006, y tras más de tres años de suspensión de licencias en Viveiro.
la petición se fundamenta, según Roel, en que se cumplen los supuestos necesarios para suavizar la norma urbanística: Se ha puesto en marcha la redacción del PXOM; la propia crisis, según Roel, «ya regula el bum inmobiliario que podría hacer peligrar el desarrollo sostenible de Viveiro, y no se incluyen modificaciones posteriores a 1986, como el caso de Xunqueira, que permitía edificaciones a once metros del convento de Valdeflores. El objetivo es, según el alcalde, «dar seguridad jurídica, para estar protegidos de aquellos que no respetaban la legalidad».
Roel añadió que «si la Xunta quiere, y me parece que tiene sensibilidad hacia ellos», la modificación saldrá adelante