«Contraria ao ordenamento xurídico» es la licencia concedida por el Concello de Cervo para construir catorce edificios con 532 pisos, locales comerciales y garajes en San Cibrao. Hasta cuatro veces lo repitió ayer en una comisión parlamentaria Hipólito Pérez, director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Pero las obras continúan en marcha porque la Consellería de Política Territorial decidió no pedir en los tribunales la paralización ni la anulación del permiso municipal ante el temor a fracasar judicialmente. Aunque al no haber sido recurrido adquirió firmeza legal, cabe la opción de actuar contra el Concello por vía contencioso-administrativa, tanto ahora como hasta seis años después de acatadas las obras, según Hipólito Pérez.
El director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística contestó ayer en la Comisión de Ordenación Territorial a preguntas de los diputados José Manuel Balseiro (PP) y Manuel Parga (BNG) sobre los edificios que construye Pasillo Verde en San Cibrao. En turnos diferentes, plantearon la cuestión desde ópticas diametralmente opuestas. Parga reclamaba medidas para «repoñer a legalidade urbanística» y Balseiro pretendía demostrar que Urbanismo intentó frenar esa urbanización por una «persecución política» contra el gobierno cervense, del que él también forma parte.
El proceso
De las intervenciones de los parlamentarios y de Hipólito Pérez se desprende que en abril del 2006 el gobierno cervense acordó destinar 390.580 euros a dotar de servicios la parcela donde se construyen los edificios. Posteriormente, Concello y promotores inmobiliarios suscribieron un convenio para mejorar las infraestructuras, comprometiendo los segundos a invertir 3,45 millones de euros para garantizar servicios básicos a las alrededor de 800 nuevas viviendas que preveían construir en San Cibrao, donde residen unos 2.234 vecinos. Y en diciembre del 2006, Cervo otorgó la licencia a Pasillo Verde. Tras diferentes investigaciones, en octubre del año pasado Urbanismo requirió al Concello a revisar de oficio el permiso para los edificios. El gobierno local optó por no admitirlo a trámite, sin más explicaciones. Como nadie la recurrió en los tribunales de lo contencioso-administrativo, la licencia adquirió firmeza legal definitiva el pasado 31 de marzo.
«Desgraciadamente xa pasou o prazo», no dudó en reconocer el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en su intento de justificar por qué la Xunta consiente que siga adelante una construcción que, insistió, «vulnera o ordenamento». No fue presentado ningún recurso porque, añadió, la Xunta «analiza si ten garantías de prosperar» en la vía contencioso-administrativa.
Podrían estar paralizadas
Y, por lo que dijo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo «parecía non ser proclive ás posicións» que defendía Urbanismo. Citó ejemplos de petición de medidas cautelares para suspender licencias en Barreiros que le habían sido desestimadas en esa instancia judicial. Algo que cambió, subrayó Hipólito Pérez, porque en la actualidad el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado cinco autos que le inducen a creer que si la Xunta hubiese recurrido a los tribunales contra el Concello de Cervo las obras de Pasillo Verde podrían estar paralizadas.
El nacionalista Parga no ocultó su malestar contra la actuación de la Xunta en este asunto, que calificó de «condenable» y no dudó en definir como «consentimento ou trato desigual». El popular Balseiro insistió en defender la legalidad de la licencia concedida por Cervo.