La empresa exigió judicialmente el cobro de certificaciones de obra de 2002-2006
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo ha condenado al Concello de Mondoñedo a abonar a la empresa Construcciones Coto Ribadeo S.L. la cantidad de 250.410 euros en concepto de certificaciones de obra correspondientes al período 2002-2006. Esta cifra, unido a los intereses de demora devengados (se aplicará el tipo que fije el Banco Central Europeo más siete puntos porcentuales), podría suponer un desembolso superior a los 300.000 euros para el Ayuntamiento, aunque el cálculo está por realizar. Eso sí, en la sentencia se exime al Concello de abonar el IVA.
La empresa recurrió a la vía judicial para poder cobrar varias certificaciones de obra que no le fueron satisfechas y que correspondían a las obras de acceso desde la N-634 a Viñas da Veiga; por la obra de rehabilitación de un edificio para centro sociocultural y juvenil (la Casa da Xuventude) y por la rehabilitación del parque público Trapero Pardo.
Se trata de trabajos realizados cuando estaba al frente del Ayuntamiento el Partido Popular. Desde el actual equipo de gobierno bipartito (BNG y PSOE) el concejal Xusto Fernández Haro, explicaba ayer que no van recurrir este fallo porque lo han desaconsejado los servicios jurídicos: «Recurrir é absurdo; non é viable que prospere e o único que conseguiriamos é ter que pagar máis intereses de demora e tamén as costas. A sentencia é o reflexo da xestión económica irresponsable do PP, que ten unhas consecuencias terribles para a situación económica do Concello, co agravante, neste caso, de que todas ou a maioría desas obras tiñan aportacións de outras administracións; logo quere decir que eses cartos foron utilizados para outras finalidades», afirma Fernández Haro, añadiendo, al serle preguntado cómo es que se llegó a esta situación, que hay aspectos de la situación de las cuentas del Concello que no entienden y es precisamente por eso por lo que se decidió al inicio de este mandato realizar una auditoría.
En lo que respecta a esta sentencia, manifestó que van a intentar buscar acuerdos políticos con la empresa: «Teremos reunións con Coto para ver fórmulas para satisfacer a deuda; agardamos que sexa paciente e prudente para poder darlle resposta», explicó Fernández Haro, que tenía previsto aprovechar la sesión plenaria celebrada ayer para informar a los distintos grupos de la corporación, aunque fuera de forma no oficial, de este fallo judicial.
Según el edil, no es este el único caso del «legado maldito que heredamos», ya que hay más problemas económicos, también con proveedores, que están pendientes de solución, aunque desde el gobierno local están haciendo gestiones, dijo, para fraccionar pagos e intentar ir saldando la deuda.
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