El interventor del Concello de Foz advierte que varios profesores estuvieron prestando sus servicios «de xeito irregular» en la Escuela Municipal de Música de Foz durante los ejercicios 2006 y 2007, sin que haya constancia de que hubiera ningún contrato laboral o administrativo de por medio.
Seis profesores pasaron factura en julio por los servicios prestados ese mes en el centro mencionado (por dirección de la banda municipal y por las clases de piano, clarinete, saxofón, violín y percusión), percibiendo cantidades que oscilan entre los 300,13 euro, que fue el que menos percibió, y los 705,88 del que más cobró.
El interventor considera que dichas facturas no son válidas puesto que estos profesores no están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ni cotizan a la Seguridad Social como empresarios autónomos de servicios.
Tampoco ve posible que puedan enmarcarse dentro de los llamados contratos menores puesto que aunque no superan la cantidad máxima establecida por ley (12.020 euros) si se exceden en el tiempo de un año de la relación, que es la duración máxima permitida.
El interventor municipal entiende que al tratarse de relaciones de dependencia prestadas en el ámbito de dirección y control de la Administración, y dado el período amplio de tiempo en que vienes prestándolas, estos trabajadores podrían «chegar a ter mesmo a condición de persoal indefinido».
Hay que asumir costes
Según indica el interventor en su informe, si el Concello quiere prestar un servicio, deben asumir los costes de éste y, en este caso, «é claro que debe de darse de alta aos profesores ou monitores da Escola de Música con un contrato a tempo parcial tras a oportuna selección, pagando a correspondente cota patronal da Seguridade Social e reténdolle ao traballador polos conceptos de Seguridade Social e imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o que vai a motivar, sen dúbida, un maior custo do servizo que o Concello terá que asumir».
En el caso de las seis facturas sobre las cuales dictó informe desfavorable el técnico municipal, el alcalde local, García Rivera (PSOE), que es competente en este asunto, acordó levantar el reparo para que se procediera a abonar el dinero a los afectados.