Dinero, el dinero público que gestionan la Xunta, la Diputación y diez concellos, vuelve a ser el obstáculo para que los más de 75.000 habitantes de A Mariña cuenten con su primer servicio público de bomberos profesionales. Declaraciones de buenas intenciones y más anuncios son, de momento, los resultados del encuentro que ayer mantuvieron en Lugo el presidente de la Diputación y los alcaldes de los diez municipios que algún día cubrirá el parque de bomberos de Barreiros.
Algún día porque el edificio construido en Barreiros para albergar ese servicio de emergencias lleva cuatro años inutilizado, deteriorándose mientras los políticos que dirigen las administraciones locales, provincial y autonómica continúan regateando fondos públicos para pagar el equipamiento y a los profesionales que lo atenderán.
Exceptuando el hecho de que el titular de la Diputación haya analizado el problema de la carencia de bomberos con los alcaldes de los municipios implicados, así como que éstos hayan expresado su voluntad de intentar poner todo de su parte para desbloquear la situación, la reunión de ayer no implica cambios sustanciales para los ciudadanos porque, por el momento, el parque de bomberos de Barreiros continuará sin funcionar.
Tres años para aplicar la ley
Al menos así parece desprenderse de las versiones sobre un encuentro que se prolongó durante casi dos horas. Diputación, PP y BNG difundieron comunicados explicándose y varios alcaldes lo hicieron por teléfono. Con matices, coinciden al reconocer que el principal problema es quién paga y cuánto.
Los estatutos del consorcio que se preveía crear para regir el parque de Barreiros establecen como opción que los concellos se repartiesen el 20% de los costes de equipamiento y de los salarios de los profesionales, dejando el 30% a cargo de la Diputación y el 50% de la Xunta. Pero ese planteamiento podría variar tras la reunión de ayer, donde se invocó la Lei de Emerxencias de Galicia para intentar que la Diputación y la Xunta asuman esos gastos, eximiendo a los concellos de aportaciones económicas. Pero esa misma norma concede tres años a la Diputación para aplicarla y, por ahora, ese organismo sólo se compromete a estudiar esa posibilidad. Ahora queda por saber qué hará la Xunta respecto al porcentaje que se espera cofinancie.