PSOE y UPRI proponen legalizar edificios con exceso de altura en Ribadeo

Los concejales del PSOE y de UPRI en Ribadeo han unido sus fuerzas para obligar al alcalde, Fernando Suárez Barcia, a convocar un pleno extraordinario para debatir una modificación urbanística que permitiría legalizar varios edificios con exceso de altura en Ribadeo. Así se lo han solicitado por escrito al regidor, que dispone de plazo hasta el lunes para convocar un pleno que, como máximo, deberá celebrarse quince días después.

La iniciativa beneficiaría a unos 160 propietarios en cuatro edificios (según fuentes del Concello, si bien los portavoces del PSOE y de UPRI, Balbino Pérez Vacas y Francisco Rivas, hablaron ayer de centenares), que han ocupado viviendas que carecen de licencia de primera ocupación. El Concello se ha negado a otorgársela pues son ilegales por el exceso de altura. El problema, según incidió Rivas, es que esta situación no afecta exclusivamente a los que residen en las cumbreras, sino a todos los propietarios de pisos en los edificios.

Por ello, desde PSOE y UPRI se insiste en buscar una solución que, de hecho, ya intentó el ex alcalde, Balbino Pérez Vacas, en el último tramo de su mandato. Su propuesta no salió entonces adelante porque no la apoyaron ni el BNG ni el PSOE. Ambos grupos discrepaban con algunas de las modificaciones planteadas en ese momento (por ejemplo, una que permitía legalizar el edificio que se construye en A Lodeira con una altura de más).

En la moción ahora presentada por UPRI se eliminan estos puntos, manteniendo sólo el referente a la altura de la edificación, planteando cambiar la altura de las plantas de ático, que en la actualidad está en 3,50 metros, por 4.80. Ello permitiría legalizar los edificios y poder conceder la licencia de primera ocupación.

De este modo PSOE y UPRI lanzan un guiño al PP, que en principio estaba de acuerdo con este planteamiento. El apoyo del PP es fundamental, ya que la modificación puntual debe apoyarse por mayoría absoluta. «Fago un chamamento ao PP para solucionar este asunto. Por iso na moción só incluimos o punto que ten o consenso maioritario», señaló Pérez Vacas, quien con Rivas coincidió en que si no se procede a esta legalización, una vez se apruebe el nuevo plan xeral ya no será viable.

Ambos justificaron que no hubiesen planteado este asunto previamente al PP en el hecho de que bastaban sus votos para pedir el pleno extraordinario.

Precisamente el plan xeral dio pie a los dos portavoces a criticar al BNG y al alcalde, a quien acusan de ignorar a los grupos de oposición. «O noso descoñecemento de como se atopa a tramitación do novo plan xeral é total. E non podemos deixar pasar o tempo sen solucionar este asunto», señaló Pérez Vacas.

Rivas también apuntó que desde que Fernando Suárez es alcalde, ni UPRI ni PSOE -según confirmó Vacas- han sido llamados para analizar algún asunto de interés para Ribadeo: «Falou de democracia e participación, pero nin unha soa vez nos chamou para consultarnos algo».

Multas a constructores

De prosperar la moción, tanto Vacas como Rivas destacaron que los constructores que incurrieron en la ilegalidad no quedarían libres de responsabilidad, ya que correspondería a la comisión municipal de gobierno abrir un expediente sancionador por no ajustar su obra a la licencia que tenía: «Non se trata de legalizar unha ilegalidade sen máis, senón tamén de sancionar polo incumplimento cometido».

Postura del PP

El portavoz del PP, José Carlos Rodríguez Andina, explicó ayer que nadie de PSOE o de UPRI le comunicó la iniciativa de la moción: «En principio con el PP no contactaron, quizás porque quieren que estemos del otro lado».

«Están planteando algo que el PP propuso al pleno cuando el alcalde era del PSOE y presentó esa modificación puntual. Entonces le dijimos que si eliminaba los anchos de calle y un edificio en concreto estábamos dispuestos a votar a favor. No quiso hacerlo y por eso no salió adelante, pero ahora retoma UPRI el asunto y el PSOE lo apoya», dijo Andina, quien con todo apuntó que el PP está estudiando una alternativa de más fácil tramitación y responsabilidad del Ayuntamiento que podría resolver la mayoría de casos, «sin arriesgarnos a que Urbanismo, como pasa siempre, diga que no a una propuesta del pleno».