Cien años de la policía global
Tarde o temprano tenía que pasar. El mundo se aceleraba y la Policía se modernizaba, pero cada vez más criminales escapaban a otros países para esquivar a la Justicia. Y había que reaccionar. Este fue el espíritu que animó a la creación de la Comisión Internacional de Policía Criminal, nombre primigenio de Interpol.
Fundada por 20 países (hoy, 196) en 1923, Interpol es un arma clave contra los delitos transnacionales. «Nuestra gran ventaja es que llegamos a cualquier ... rincón del planeta –dice la comisaria María Carmen Muñoz, jefa de la Oficina Central Nacional, u OCN, de España (hay una en cada país)–; incluso donde no tenemos relaciones diplomáticas ni tratado de extradición».
A pesar de su importancia, sin embargo, poco se sabe de Interpol. Para empezar, aunque Hollywood induzca a pensar lo contrario, la organización no detiene a nadie, ya que no es una agencia policial, sino una herramienta de cooperación contra todo tipo de delitos. La excepción, establece su estatuto, de 1956, son los de carácter político, militar, religioso o racial. «Políticamente neutral», se define.
Su principal arma son las notificaciones rojas, alertas globales sobre fugitivos en busca y captura. Se emiten a solicitud de un juez e implican el compromiso del país emisor a solicitar la extradición del prófugo si es detenido, sea donde sea. También publica notificaciones por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad a petición de la ONU.
Radovan Karadzic, el Chapo Guzmán, los asaltantes del tren de Glasgow, John McAfee o fugitivos de la Justicia española como Antonio Anglés son ejemplos de delincuentes señalados en rojo por Interpol. Una historia de éxito que cuenta, sin embargo, con su reverso oscuro.
Turquía, Rusia, Irán, Libia, Túnez, Ucrania o Baréin se han servido de notificaciones rojas para perseguir a disidentes. Refugiados, periodistas y activistas, denuncian entidades como Fair Trial, Freedom House o el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han sido víctimas de la buena fe que el sistema presupone al Gobierno emisor, por muy autoritario que sea.
Su propio secretario general, Jürgen Stock, admitió el problema nada más aterrizar en el cargo en 2014. Y su respuesta fue crear un equipo especial que analiza las solicitudes de notificaciones antes de que se publiquen. Solo en 2022 Interpol rechazó cerca de 1500 peticiones. «Nos lo tomamos muy en serio –asegura el alto funcionario alemán–. Escaneamos la geopolítica mundial y hacemos comprobaciones». En 2022, por ejemplo, la Secretaría General rechazó cerca de 1500 peticiones. Bajo su mandato, además, Interpol ha introducido «una nueva política para proteger a los refugiados».
La cooperación con estos países bajo un mayor escrutinio queda así ralentizada, aunque no paralizada. Sobre todo, con Rusia tras la invasión de Ucrania. «Seguimos colaborando con la OCN Moscú –indica la comisaria Muñoz–, aunque ya no tenga comunicación directa con ellos ya que la secretaría general tiene auditadas todas sus comunicaciones. Aun así, se siguen emitiendo notificaciones rojas, porque Rusia es un actor clave en la lucha contra la delincuencia organizada de los países del Este. La Policía rusa, de hecho, ha proporcionado siempre muy buena información y respuesta rápida».
Mathieu Martinière –periodista francés experto en Interpol– admite que «la situación ha mejorado, pero más de un centenar de inocentes aún pueden ser extraditados y encarcelados cada año».
'Producto estrella' de Interpol, las notificaciones rojas no son, sin embargo, su única arma. Las hay amarillas, azules, negras, verdes, naranjas y moradas. Se emiten para localizar a desaparecidos, obtener información sobre identidad o paradero de personas, identificar cadáveres, alertar sobre individuos o peligros graves e inminentes y para facilitar información sobre modus operandi. Además de las especiales, emitidas junto a Naciones Unidas.
Al margen de este arcoíris, Interpol ofrece apoyo técnico y operativo, formación y, sobre todo, 19 bases de datos. Las hay sobre explotación sexual de niños, terroristas, piratería marítima, armas, vehículos, desaparecidos... Cada día, agentes de todo el mundo realizan más de 16 millones de búsquedas entre una colección que supera los 125 millones de expedientes con huellas dactilares, ADN, reconocimiento facial...
Un suministro de información al cual «España –destaca el inspector jefe Emilio Menéndez, al mando de la Sección Técnica de la OCN Madrid– es uno de los países que más aporta». A ese descomunal flujo de información policial, subraya Menéndez, se añaden millones de ficheros de análisis sobre casos de pornografía infantil, drogas, delincuencia, corrupción, crimen organizado... y el material generado por las operaciones que lanza la propia Interpol, siempre a través de la cooperación internacional.
Son operativos con nombre como Neptune, en busca de combatientes extranjeros (hay más de 87.000 registrados por Interpol), Turquesa, contra el tráfico de personas o Identifícame, lanzada el pasado mayo para tratar de identificar 22 cadáveres de mujeres asesinadas en varios países europeos; todos ellos cold cases (casos sin resolver). De momento, una alemana, conocida por la policía durante tres décadas como «la mujer del tatuaje de la flor», fue identificada hace un mes como Rita Roberts, asesinada en 1992.
La creación de Interpol hace cien años culminó un proceso iniciado en el siglo XIX, parejo a la Revolución Industrial y al desarrollo de lo que se dio en llamar 'Policía moderna'. Justicia y objetividad se convirtieron en principios rectores de las Policías, en oposición a la arbitrariedad que reinaba antes.
El desarrollo de métodos de investigación e identificación fue el otro gran impulso. A finales del XIX, el francés Alphonse Bertillon creó la antropometría –medición y registro de partes del cuerpo–, estableció la inviolabilidad de la escena del crimen y estandarizó el uso de fotografías como evidencia. Estas debían incluir referencias para identificar el tamaño de cada elemento y del lugar, y hacerse frontal y lateralmente a los objetos, instrucciones que aún se siguen respetando.
Aunque nada tan radical como la irrupción de la dactiloscopia, partir de 1892. Ese año, en Argentina, se identificó por primera vez a un asesino por sus huellas dactilares. Francisca Rojas acusó a su vecino por la muerte de sus dos hijos. La huella ensangrentada de un pulgar derecho, hallada en la escena del crimen, fue cotejada con la suya y la del acusado; y señaló a Rojas.
La cooperación se aceleró ante la internacionalización del anarquismo. En septiembre de 1898, el magnicidio de la mítica Sissi, emperatriz de Austria, apuñalada por un anarquista italiano, fue la gota que colmó el vaso. Dos meses después, 21 países se reunían en Roma para iniciar un proceso que culminó en 1923, en Viena, con el nacimiento de la Comisión Internacional de Policía Criminal (CIPC), transmutada en Interpol en 1956.
Pronto llegaría el primer gran punto de inflexión de su historia. «En 1926, la Secretaría General envió a todos los países, incluido España, un documento que reconocía la dactiloscopia como forma irrefutable de identificación criminal –relata el inspector jefe Santos Sánchez, jefe de cooperación policial de la OCN Madrid–. Desde entonces es una prueba que admite cualquier juez del mundo».
La instrucción también llegó a España, aunque nuestro país no fuera miembro oficial de la organización. La recibió Victoriano Mora Ruiz, inspector jefe del servicio de Criminalística de la Policía Española. «Este señor –revela la comisaria Muñoz– pertenecía a la Comisión Internacional de Policía Criminal y tenemos cartas que se cruzaba con el presidente y el secretario general de la CIPC que revelan una relación muy intensa y cercana».
La organización prosiguió su camino. En 1935 creó su propia red radiofónica. Tres años después, sin embargo, llegaba el primer revés: los nazis tomaban el control, trasladaron la sede de Viena a Berlín –Reinhard Heydrich, predecesor de Himmler en la Gestapo, fue su presidente– y redujeron la cooperación a sus países aliados, incluida la España de Franco.
La comisaria Muñoz muestra a XLSemanal el documento del régimen franquista que certifica esta relación, una vez terminada nuestra Guerra Civil: «Suspendido este servicio a causa de nuestra guerra de liberación y de la reorganización subsiguiente, se reanuda el 13 de septiembre de 1940».
La relación de Interpol con el régimen nazi no termina ahí. En 1968 eligió presidente –de forma democrática por sus miembros– a Paul Dickopf a pesar de conocerse su pasado en las SS. Y, según denuncia Mathieu Martinière, se negó a buscar a nazis hasta los años ochenta, incluido el infausto Carnicero de Lyon, Klaus Barbie.
No fue su último presidente polémico. El actual, general Ahmed Naser Al-Raisi, alto oficial de Policía de Emiratos Árabes Unidos, fue elegido en 2021 pese a haber sido denunciado en Francia y en Turquía por su presunta participación en detenciones arbitrarias de extranjeros. El periodista Mathieu Martinière relaciona su elección con la promesa que su país hizo en 2016, comprometiéndose a aportar 50 millones de euros a la organización, seguida por la celebración de la asamblea general anual de Interpol en Dubai en 2018.
El proceso de elección, por cierto, ha permanecido invariable desde que, terminada la Segunda Guerra Mundial, se estableció un procedimiento democrático para elegir al presidente y al Comité Ejecutivo –«el voto de Palaos, último país en ingresar, este mismo año, vale igual que el de Estados Unidos, España o Reino Unido», señala la comisaria Muñoz–, y la sede se trasladó a París. Un año después, en 1946, se emitía la primera notificación roja, contra Arnold Korkunski, un ciudadano ruso buscado por el asesinato de un policía, que incluía los datos de identificación del sospechoso y un resumen de los hechos que se le imputaban.
Fue el primer paso de la modernización de una organización que vivió su gran punto de inflexión tras los atentados del 11-S. Pasó entonces a estar disponible 24 horas –«Interpol ya nunca duerme», subraya la comisaria Muñoz–, creó su actual sistema de comunicación, el I-24/7, «un canal seguro que interconecta las 196 OCN entre sí y con la Secretaría General y por el que también viajan los datos de las bases de datos», explica el inspector jefe Menéndez, y puso en marcha su base de datos sobre perfiles de ADN.
De momento, su último paso ha sido la incorporación de la República de Palau, el 28 de noviembre, su miembro número 196. Un ingreso que da la razón a la comisaria Muñoz cuando dice que, «si Interpol no puede llegar, entonces nadie puede».
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