El juez da la razón a Redondela con base en una ley que hizo Caballero

El juez del juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo, Luis Ángel Fernández Barrio, ha dado la razón a Redondela basándose en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta del 2017 y en otra ley impulsada por el propio Abel Caballero cuando era ministro de Transportes en 1987.

El magistrado cita dos artículos de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres del 87 que expresan que los transportes públicos regulares «podrán ser utilizados por cualquier persona que lo desee, sin discriminación».

El magistrado pone de relieve que «en ningún caso se podrán establecer bonos sociales atendiendo a criterios exclusivamente territoriales como la residencia».

Abel Caballero desgranó ayer la normativa de varias ciudades gallegas en las que se exige el empadronamiento para obtener descuentos en el transporte.

El regidor anunció que los servicios jurídicos del Concello van a pedir aclaraciones al juez sobre el auto emitido, aunque no precisó sobre los planteamientos que van a formular al magistrado.

El Concello de Redondela impugnó la exigencia del empadronamiento para la Pass Vigo porque «no consta un acto administrativo que contenga la especificación del empadronamiento en Vigo como condición para la obtención de la nueva tarjeta».

El magistrado pone de relieve que en la página web de Pass Vigo sí aparece el requisito del padrón pero insiste en que «a estas alturas procesales se desconoce cuándo se introdujo ese requisito complementario y el acto administrativo que sirvió de soporte a estas innovación». Por lo cual el magistrado deduce que esta exigencia no fue aprobada por la junta de gobierno local ni por un decreto de la alcaldía, al menos a él no le consta. El juez pone de relieve que «mientras se sustancia el procedimiento principal hasta el dictado de una sentencia firme, los perjuicios derivados del mantenimiento de la exigencia de empadronamiento se generarían continuamente a un número indeterminado de personas».

Aplazamiento

Aunque únicamente el Concello de Redondela se postuló como demandante, (porque otros ayuntamientos no se atrevieron a enfrentarse jurídicamente con el Concello de Vigo) «el ámbito personal de afectados no se circunscribe a los residentes en Chapela, ni tampoco a los vecinos del término municipal redondelano, sino que alcanza de modo global e indiscriminado a cualquier persona que, con independencia de su lugar de residencia tuviera interés una bonificación en el uso del transporte urbano». El magistrado considera al Concello de Redondela como «punta de lanza de un conflicto que abarca un ámbito supramunicipal y entronca con el concepto de Área Metropolitana».

En opinión del magistrado la suspensión cautelar del requisito de empadronamiento presenta «tenues perjuicios a la Corporación demandada» pues «sin finalmente la asistiera l razón de exigir ese presupuesto, le bastaría con anular las tarjetas que en el interin se expendieran a favor de los no residentes».

El magistrado considera que la suspensión «equivale a un aplazamiento de la entrada en vigor de dicha exigencia».

Según Abel Caballero, el daño a Vigo se eleva a «millones de euros» porque el caso se puede prolongar en los juzgados y durante todo este tiempo, Vigo estará subvencionando billetes de otros concellos. El alcalde de Redondela le pidió ayer una entrevista para abordar este asunto. Caballero volvió a arremeter contra Feijoo por decir que «esto es muy positivo para Vigo» y le acusa de llevar «tantos años dañando a la ciudad.