Amoeiro pide al Supremo que aclare la doctrina sobre el IBI de la Iglesia

El recurso ante el Tribunal Supremo sobre el IBI de la Iglesia que anunció el concello ourensano de Amoeiro, ya está redactado y listo para su entrega esta misma semana en Madrid. Se presentará en nombre de los ayuntamientos de la mancomunidad Santa Águeda, que engloba a Coles, A Peroxa, Vilamarín y el propio municipio de Amoeiro.

Al Supremo, mediante es te recurso, se le pide que establezca como doctrina, que «no es aplicable a la Iglesia Católica la exención general del IBI establecida en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de incentivos fiscales al mecenazgo, respecto de todas las fincas de su propiedad que no tienen explotaciones económicas sometidas al impuesto de sociedades». Se le ruega, además, que establezca que a la Iglesia solo se aplique la exención establecida en el artículo 4.1 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos firmado en la Ciudad del Vaticano en 1979, siempre que los bienes exentos de IBI «estén efectivamente destinados a los fines establecidos en dicho artículo», es decir, a actividad pastoral o residencia de obispos, sacerdotes y religiosos.

El motivo de este recurso está en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, en diciembre del 2012, que desestimó un recurso de reposición contra las liquidaciones del IBI urbano y rústico de los años 2010 y 2011 que gravan fincas de la Iglesia ubicadas en el término municipal de Amoeiro.

Ahora se pretende que el Supremo enjuicie la correcta interpretación y aplicación de normas estatales, es decir, la Ley de Régimen Fiscal (artículo 15.1), los acuerdos Estado español-Santa Sede de 1979 (artículo IV); el real decreto regulador de las haciendas locales, del 2004 (artículo 62.1) y el 31.1 de la Constitución Española de 1978.

Las fincas objeto del pago del IBI en Amoeiro, son 16. La doctrina de la citada sentencia en la que se le da la razón a la Iglesia para que no abone el IBI en Amoeiro es, según el texto que se le enviará al Supremo «gravemente dañosa para el interés general por cuanto impide a las administraciones municipales ingresar una cantidad que a nivel estatal resulta cuantiosa por el concepto IBI, que grava los inmuebles propiedad de la Iglesia Católica que no están efectivamente destinados al culto, residencia de obispos, canónigos y sacerdotes además de oficinas de la curia diocesana o parroquiales, formación del clero y universidades eclesiásticas que impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas, o primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas o institutos de vida consagrada».

En este pionero recurso se pone de manifiesto que en estos tiempos de crisis económica, no cobrar el IBI a la Iglesia es una «doctrina errónea» que perjudica gravemente la delicada economía de las administraciones locales.