Cifras del este, diferentes de las del oeste

En el que es ya el cuarto informe sobre la cohesión económica y social, elaborado por la Comisión Europea y hecho público este año, se inserta un mapa de la Unión que visualiza el grado de dependencia efectiva de las personas de edad avanzada. No se trata de dependencia en el sentido de necesitar la ayuda o cuidado de un familiar o asistente social (que también), sino de relacionar el número de personas mayores de 65 años respecto a las personas ocupadas en cada país o región. La cifra media para la UE de 27 países es de 36 dependientes por cada cien ocupados.

No tiene interés aquí insertar el mapa de Europa, pero sí el español, porque del diagnóstico que resulte debiéramos tomar buena nota para asuntos muy importantes, como nuestro modelo de caja única para las pensiones de todo tipo (incluidas las asistenciales), los criterios de gestión del fondo de reserva de la Seguridad Social, el modelo de financiación del cuarto pilar del Estado de bienestar (la ley de dependencia), los objetivos de ampliación del número de ocupados, las propuestas de reforma de la financiación de nuestras pensiones desde un modelo basado en un impuesto sobre los salarios a algún otro, las consecuencias de los beneficios fiscales a los planes privados de pensiones... Como bien se ve, un buen puñado de asuntos de gran calado social, financiero y territorial.

Casos diferentes

A la vista del mapa, es obvio que en España coexisten dos situaciones extremas. Por un lado, Madrid y la fachada mediterránea, con cifras inferiores a la media europea y española (Baleares o Madrid no llegan a los 28 dependientes por cada cien ocupados). Por otro, un área occidental continua que incluye de Extremadura a Galicia, con tasas que se sitúan en torno a los 50 dependientes por cada cien ocupados. Es decir, casi el doble.

Fácil es imaginarse que todos los problemas y retos que enumerábamos más arriba se van a plantear con una intensidad y encaje bien diferentes en unas y otras regiones. Pero, sobre todo, nos hacen ver el papel decisivo que debe tener hoy el Estado como reequilibrador-compensador de asimetrías. Y el que debiera tener en el futuro si queremos seguir hablando de cohesión social, pues cualquier mecanismo o criterio que facilite una desconexión de las partes al conjunto basado en la lógica del tipo «que cada uno financie a sus dependientes» nos llevaría a las antípodas del sistema actual.

Para evitar tal riesgo podría ser conveniente presentar una sencilla descomposición de los dos factores que explican esas tan desiguales tasas de dependencia. Por un lado, será el grado de senilidad (el porcentaje de mayores de 65 años sobre el total) y, por otro, la tasa de ocupación (el porcentaje de personas ocupadas sobre las disponibles para trabajar).

Emigración interior

Las regiones con baja tasa de dependencia combinan una senilidad no superior a la media con una tasa de ocupación superior a la media, mientras que las regiones con alta dependencia se sitúan muy por encima en envejecimiento y por debajo en grado de ocupación. El grado de senilidad deriva de flujos migratorios de entre los años cincuenta y setenta, mientras que las tasas de ocupación son el resultado de unas mayores probabilidades de empleo que en su día se cubrieron con inmigración de jóvenes de esas regiones.

Con estos precedentes, considerar en la actualidad las desiguales tasas de dependencia como asuntos o problemas de cada región (riesgo desafortunadamente no imaginario) que solucionar de forma segmentada sería un auténtico disparate histórico que eliminaría uno de los escasos argumentos que, en mi opinión, aún fundamentan el proyecto español como espacio para la cohesión social: es decir, como nación compartida de todos sus ciudadanos.