Empleo, mocedad y formación

Es un lugar común, por su persistencia en el tiempo, que España junto con Grecia encabezan con un 16 % de paro el ránking europeo. En marzo pasado había en España 3,5 millones de personas sin empleo, de las que algo más de medio millón eran menores de 25 años, la sexta parte de un total de tres millones de jóvenes en paro en la UE.

A la espera de que se haga público el estudio Informe sobre a empregabilidade da mocidade en Galicia aprobado por el Consello Económico e Social, los datos estadísticos indican que, de las 320.000 personas de entre 16 y 29 años que viven en la comunidad gallega, solo están ocupadas un 30 %, inactivas casi un 60 % y en paro un 11 %. De los ocupados, el 43 % tienen contrato indefinido y el 57 %, temporal. La tasa de paro juvenil en Galicia se sitúa en el 27,3 %. 

Junto a ello, el estudio Jóvenes. temporalidad y precariedad laboral señala que el 67 % de los menores de 25 años con empleo en España tienen un contrato temporal (en la zona euro es el 52 %), y un 33 % tienen un contrato de jornada parcial. Añadiendo que una quinta parte de los jóvenes parados han concluido estudios superiores y el 80 % restante no.

En el 2020 el paro juvenil en España fue del 40 %, el triple que la tasa de paro total, frente al 18 % de la media de la UE. Los jóvenes representan el 4,4 % del empleo total en España, pero en el empleo total perdido por efecto de la pandemia son un tercio. El desempleo juvenil en España es un fenómeno estructural que ha persistido durante las últimas décadas. Un fenómeno estructural en el que en el 2019, como señala la Fundación Fedea, la mediana del salario mensual real de los jóvenes (18 y 35 años) era menor que en 1980.

El empleo juvenil fue causa principal de la huelga general de diciembre de 1988. El Gobierno de Felipe González aprobó un plan para este grupo de población, único en democracia y nunca repetido, que fue tumbado por la huelga general. Preveía un contrato «destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, por el salario mínimo interprofesional, una duración de entre 6 y 18 meses y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social para los empresarios». También conviene recordar que desde los Pactos de la Moncloa los sistemas de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo (Universidades Laborales, Escuelas de Maestría Industrial o Cursos de PPO) fueron subsumidos, con sus fondos respectivos, en la educación reglada o en los famosos cursos de la Fundación Tripartita (empresarios, sindicatos y Gobierno), de los que los resultados se pueden sintetizar en que hoy en España la tasa de graduados de FP es del 12 % frente al 29 % de la UE. Graduados a los que la desindustrialización y el aumento del sector servicios han incidido en sus especialidades, sobre lo que conviene también reflexionar.

Porque el desempleo de los jóvenes y la formación son un problema económico, pero también político, y como tal deben tratarse. En los fondos Next Generation y en la nueva Formación Profesional, por ejemplo.