El árabe, idioma oficial

SE ENTIENDE perfectamente el enfado de los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, ante la proposición no de ley presentada esta semana en el Congreso de los Diputados por los partidos nacionalistas e independentistas PNV, CiU, ERC, CHA, BNG y Nafarroa-Bai, pidiendo la oficialidad del árabe y el tamazight (dialecto norteafricano) en esas dos ciudades españolas. Sólo el deseo de meter cizaña y dividir aún más a los españoles explica esta propuesta parlamentaria de quienes entienden el idioma no como una herramienta para comunicarse sino como un muro para aislarse. El artículo 3 de la Constitución dice que «el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», y añade que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos». Los portavoces de esos partidos, perfectos conocedores de ese texto, no han pedido la oficialidad de una lengua española, algo entendible y constitucionalmente justificable; es que, inmiscuyéndose en asuntos competenciales de Ceuta y Melilla y con absoluta falta de respeto a sus órganos de gobierno, han pedido la oficialidad de un dialecto y una lengua que no son españolas y que reivindican los partidos musulmanes de esos territorios con otras intenciones bien distintas a las de facilitar la comunicación, la integración y la convivencia de los ciudadanos. Con razón ha dicho la presidencia de Melilla que no pueden ser consideradas como lenguas españolas el árabe -idioma de Arabia extendido entre los musulmanes-, y el tamazight, hablada por todos los bereberes del norte del Magreb, de donde es autóctona, y que no es reconocida como lengua oficial en Marruecos, e inclusive olvidada oficialmente, y se quiera imponer en esas dos ciudades con la connivencia de unos partidos que pugnan por separarse de España tras debilitarla y convertirnos en nuevos reinos de taifas. Puestos a pedir oficialidad de idiomas, sería más provechoso solicitar en toda España la del inglés, la otra lengua franca, junto con la española, que se ha convertido en el instrumento de las relaciones políticas, económicas y culturales de todo el orbe. Si así se decidiese, además de facilitar la comunicación entre los pueblos podríamos aspirar, no sin orgullo, a que nuestro próximo presidente del Gobierno hable esa lengua y pueda conversar, negociar, pactar y estipular con sus homólogos sin recurrir al engorroso trámite del traductor.