HUMANIDAD

A medio país se le han avinagrado las uvas. Comenzó el año con un cabreo monumental. Ni el euro ni la presidencia española de la UE lo ha calmado. Y todo porque tres magistrados de la Audiencia Nacional decretaron la excarcelación de Carlos el Negro, un conocido narcotraficante para quien la Fiscalía solicita 60 años de cárcel y 70.000 millones de multa. La de los magistrados ha sido una acción humanitaria. Un acto de caridad en estas fechas tan entrañables con quien padecía «trastorno bipolar con tendencias suicidas». La Navidad no son fechas para suicidarse. Lo son para estar en familia. Y así lo decidieron. Quienes se han indignado con esta última decisión judicial no viven en este país. Se asombran por nimiedades. Desconocen el funcionamiento de un sistema judicial que hace aguas por todas partes. Un sistema en el que el fiscal general del Estado ejerce de abogado defensor de las causas del Gobierno, en el que los jueces desprecian las reiteradas denuncias de mujeres que acaban degolladas en un callejón a manos de sus maridos o sus compañeros, en el que los violadores son absueltos porque las violadas visten minifaldas y en el que las fuerzas del orden se sienten burladas porque antes de que ellas los abandonen, los detenidos están ya en libertad. Es el mismo sistema en el que los tres mismos magistrados resolvieron, hace sólo unos días, que la organización Ekin no depende de ETA. Y en el que otros colegas andan todavía tras la pista del mafioso Bardellino, del narco Gerardo Galloso y de los integrantes del comando Matalaz. Cada sentencia es una tragedia. Cada decisión, una desgracia. A este paso nos van a devorar las ratas. Por eso, quienes ahora ponen el grito en el cielo y muestran su irritación, carecen de memoria. Y se sorprenden. Exigen que esos tres profesionales de la Audiencia sean expedientados, apartados de su cargo, sancionados y hasta expulsados. Si por mí fuera, los deportaría. Al centro del Pacífico.