El miedo y la incapacidad para contarlo convierten en invisible el maltrato a mayores

«Os nosos maiores están moi desprotexidos. Son os grandes esquecidos da nosa sociedade». Lo dicen agentes del orden y trabajadores sociales que conocen el día a día de los pueblos ubicados en áreas rurales de Galicia. Pero esa desprotección, indican, resulta incluso más acusada en las zonas urbanas donde no existe la red vecinal que se teje en las aldeas. La cuestión es que, a diferencia de lo que ocurre con la violencia machista o los abusos contra menores, las denuncias por presunto maltrato a personas mayores son escasas (el Teléfono Social de la Consellería de Política Social atendió el año pasado 26 denuncias por esa razón, a las que hay que añadir otras once formalizadas en lo que va de año), pese a que el problema es muy habitual, como reconocen colectivos como la Asociación Galea de Ayuda y Protección a Personas en Desamparo, el Colexio de Trabajadores Sociales de Galicia, forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), los médicos de atención primaria y la propia Xunta. Pero el temor a quedar desamparados, su estado de dependencia o el no reconocimiento de lo que les está pasando hace que la mayoría de los que lo sufren no lo digan. Es el maltrato invisible.

«Hay casos velados que ni la propia persona mayor reconoce», apunta Ana Vilar, vocal de la junta del gobierno del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Eso se mezcla, añade, con la vulnerabilidad de las personas que sufren algún tipo de dependencia o con el hecho de que muchos mayores prefieren callar por temor a no saber adónde pueden ir a parar en caso de que denuncien o, únicamente, manifiesten una queja.

«Hay casos velados que ni la propia persona mayor reconoce»

De hecho, como apuntan desde Política Social, buena parte de esos casos que se denuncian son por negligencia en los cuidados o problemas de convivencia. Porque más allá de los golpes, casos que son más escasos, son otros tipos de maltrato los más habituales. «Detectamos dos tipos mayoritariamente. Por un lado, está el financiero, que es cuando se hace un uso no autorizado de propiedades o recursos de tipo económico. Por otro, el que se produce por abandono o negligencia, que es cuando hay una dejadez en los cuidados o cuando no les procuran el afecto que merecen», apunta Ana.

A su vez el forense del Imelga de Ourense Julio Jiménez destaca en este sentido que «moitas víctimas de malos tratos están incapacitadas para contalo porque non o recordan ou están impedidos». Al igual que Ana, por su experiencia laboral, observa también «moito maltrato económico ou por omisión, cando os maiores pasan moito tempo inmovilizados, durmindo todo o día, ou hai un abuso farmacolóxico». Y habla también de lo que denomina «maltrato administrativo» porque muchas veces «dende institucións vemos maiores que viven en malas condicións e quitámolos de alí para, en teoría protexelos, pero en realidade é matalos. Hai moita xente con un deterioro cognitivo leve que quere vivir onde viviu toda a vida. É complicado, un auténtico problema», apunta.

«Moitas víctimas de malos tratos están incapacitadas para contalo porque non o recordan ou están impedidos»

En este sentido, tanto la trabajadora social Ana Vilar como Alejandra González, presidenta y fundadora de la asociación Gaela, coinciden al explicar que en las áreas rurales la gente mayor «sufre un gran aislamiento y tiene dificultades para acceder a los servicios». Aunque también es cierto, como matizan desde Gaela, que en los pueblos cuentan con la cercanía de una red social que no es tan habitual en entornos urbanos.

Llamamiento social

Es por esa razón por la que desde ese colectivo hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para descubrir casos de este tipo y poder darles algún tipo de solución y también la cooperación de asociaciones para, entre todos, poder dar cobertura al mayor número de casos. «No cabe duda de que es fundamental la colaboración de toda la sociedad para poner coto a un problema que, dado lo envejecida que está la población en Galicia, no cabe duda de que irá a más», explica Alejandra González.

Además recuerda que la asociación, que también trabaja en la protección de menores, brinda asesoramiento jurídico totalmente gratuito a los menores de 18 años y a los mayores de 65.