Cacharro, ante el Supremo

Galicia

Miguel Cabana lugo

El barón lucense comparece mañana ante el Alto Tribunal que investiga si pagó ilegalmente a sus vicepresidentes durante años. Si hay indicios de delito, pedirá su suplicatorio

16 Jun 2007. Actualizado a las 07:00 h.

El presidente en funciones de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, tendrá que comparecer mañana ante el Tribunal Supremo para prestar declaración como imputado por el presunto pago ilegal de dietas a los vicepresidentes de la Diputación de Lugo durante varios años. La declaración de mañana trata de esclarecer si hay indicios de delito y, en su caso, el Alto Tribunal solicitaría el suplicatorio para poder juzgarle, ya que Cacharro sigue siendo senador del PP por Lugo. La investigación partió de una denuncia de la Fiscalía contra el barón lucense al advertir que el ex alcalde de Ribadeo, Rodríguez Andina; el vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Quiroga, Julio Álvarez; Antonio Muiña Pena, regidor de Friol; Luis Rego, alcalde de Mondoñedo; y Fe Rodríguez Rocha, concejala de Lourenzá, todos ellos del PP, cobraron entre los años 2001 y 2004 y posiblemente con posterioridad, diversas cantidades que respondían a su supuesta asistencia a la sede de la Diputación de Lugo para realizar diversas tareas administrativas. Pagos sistemáticos Las mencionadas cantidades aparecían reflejadas únicamente como «diputación, delegación o despacho diputación», sin aclarar más detalles. El fiscal entendió en su momento que esta forma de pago autorizada sistemáticamente por Cacharro era ilegal porque quienes percibían el dinero -también imputados en el caso- no tenían dedicación total o parcial a sus tareas. Según la querella del fiscal, Cacharro dio instrucciones para que los vicepresidentes se repartiesen los días en que acudirían al despacho y, por tanto, generarían el pago de las correspondientes indemnizaciones. La investigación del que fue fiscal jefe de Lugo puso de relieve que, al parecer, no existía ningún sistema de acreditación documental de los desplazamientos ni de la actividad desarrollada por cada uno de los vicepresidentes. Supuestamente, nadie comprobaba si los pagos correspondían realmente con los días de asistencia y si tenían encomendada alguna tarea. Al parecer, los imputados sólo podrían cobrar por la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Diputación, o por el gasto de desplazamiento, siguiendo además ciertos requisitos formales de control y autorización. De lo que declare mañana Cacharro ante el juez instructor, Julián Sánchez Melgar, podría surgir ya la petición de suplicatorio al Senado para procesarle.