El Concello eumés trata de evitar el derribo de la planta de Celta

El Concello de Pontedeume está tramitando un nuevo plan de sectorización para tratar de evitar la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que en el año 2006 anuló la licencia de la planta eumesa de Lácteos Celta, lo que implica que debe ser derribada.

El fallo es la consecuencia de un largo proceso que comenzó en el año 1997 con una licencia otorgada por el ayuntamiento para ampliar unas oficinas en la parroquia de San Martiño de Andrade (en el linde con el Concello de Miño y el polígono de Vidrieiro), a la que pocos años después se sumaron otros permisos que fueron respaldando la construcción de una factoría que hoy ocupa 103.116,03 metros cuadrados.

Problemas en la tramitación

Un particular comenzó un proceso que el TSXG cierra dándole la razón casi en cada una de sus demanda. Así, el tribunal reconoce que se realizaron informes con contenidos «ciertamente incompletos» a la hora de determinar si la actividad que se iba a desarrollar tenía que encuadrarse en la categoría de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Tampoco se tuvo en cuenta una recomendación del responsable de Sanidade, que aseguraba que las aguas residuales deberían llevarse a una depuradora y dejaba claro que había que «controlar la calidad y cantidad de los humos». En este sentido, el fallo recoge otros procesos judiciales por una serie de vertidos generados por la fábrica.

No obstante, los argumentos más fuertes del TSXG a la hora de anular la licencia municipal otorgada en el año 1999 se basan en que la clasificación del suelo no era la adecuada y la tramitación tampoco lo fue. «Tratándose, pues, de suelo rústico, el artículo 77.4 de la ley exige para tales supuestos la autorización autonómica competente, que en el presente caso se echa a faltar» y que no puede suplirse con otros permisos posteriores, según detalla un fallo. El alcalde de Pontedeume, el popular Gabriel Torrente, aseguró ayer a La Voz que la empresa y el Concello han remitido a la Xunta un plan de sectorización para la zona que permita legalizar el inmueble con una nueva licencia. Algo que tendría que realizarse antes del próximo mes de abril, que es cuando finaliza el plazo de la disposición de la Louga que permite este tipo de acciones. Con la nueva licencia el Concello debe formular ante el TSXG un incidente de inejecución de la sentencia.

La factoría debe presentar ante el tribunal una nueva licencia antes de abril para salvarse