El PP trata de desactivar el Gürtel por supuestas irregularidades de Garzón

«El caso Gürtel podría dar un giro copernicano». De esta forma celebraba ayer Federico Trillo, el estratega judicial en jefe del PP, la decisión del Tribunal Supremo de investigar si Baltasar Garzón se quedó de forma irregular con el caso, saltándose el preceptivo reparto, y si ocultó una grabación favorable a Francisco Camps.

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro admitió a trámite la ampliación de la querella de Ignacio Peláez, abogado del constructor José Luis Ulibarri, imputado en la causa, contra Garzón y dos fiscales, a los que acusa de ambas presuntas ilegalidades. Un auténtico salvavidas al que la dirección nacional se aferra para desactivar un caso que ya le ha costado la cabeza a una docena de altos cargos en Madrid y Valencia.

A juicio del coordinador de Justicia de los populares, «de demostrarse que las representantes del Ministerio Fiscal en el sumario buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso podría tener consecuencias gravísimas».

Pero no se quedó ahí y dio por hecho que «ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que demuestre a las dos fiscalas que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps».

Esa supuesta prueba salvadora es una conversación entre Pablo Crespo y el propio abogado Peláez, grabada en la prisión de Soto del Real en marzo del 2009, en la que el número dos de Francisco Correa y ex secretario de organización del PP gallego decía que si «Camps se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo», y que «veía prácticamente imposible que haya alguna factura que especificara el nombre de Paco Camps».

El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, afirmó que «ahora empieza a demostrarse que el juicio contra Francisco Camps puede estar politizado». «Si los fiscales ocultaron pruebas exculpatorias, no solo habrían cometido un delito, sino que también habrían servido al interés político del Gobierno». Si es así, exigió la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ya que «sería lo más grave que puede haber ocurrido en la historia de la justicia democrática española».

Camps saca pecho

Sin embargo, de momento, el Supremo se ha limitado a reclamar documentación al instructor, Antonio Pedreira, antes de actuar. Pero esa decisión ha insuflado nuevos bríos a Camps, que exigió explicaciones. «Hay pruebas que se ocultaron, que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia», afirmó el presidente valenciano en una comparecencia en la que no admitió preguntas. «Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes» y «al principio de la instrucción». Y añadió que si no lo hubiera hecho «nos habrían ahorrado este y medio a todos».