Minas de oro en Venezuela: matanzas, miseria e impunidad

La Policía identifica a miembros de un 'sindicato'. A pesar de la imagen, muchos de estos grupos controlan las minas de oro con la aprobación del Gobierno y gozan de impunidad. Testimonios recogidos por Human Rights Watch revelan pagos a agentes y presencia de altos funcionarios en las explotaciones, lo que ha llevado a la oposición a solicitar a la UE que vete el oro de la minería informal porque, argumenta, «financia el 'paraestado' del presidente Maduro».

En un país donde el salario mínimo no supera los 3,35 euros, un gramo de oro, a 45, es un tesoro. O, más bien, podría serlo si los mineros no tuvieran que pagar al correspondiente 'sindicato' el 80 por ciento de lo que extraen. Se trata de oro que, en su mayor parte, escapa al control del Banco Central, ya que sale ilegalmente hacia Miami, Turquía, Emiratos Árabes o Suiza. Human Rights Watch ya habla de 'oro de sangre'.

Anaís Montilla perdió a tres de sus hijos en una masacre en marzo de 2016, cuando 28 personas fueron asesinadas en el interior de una mina por el 'sindicato' de El Topo. La sola mención de su líder, exparamilitar en Colombia, provoca escalofríos en los lugareños. Dicen de él que trocea cadáveres con motosierra y echa los pedazos a los cerdos. Los cuerpos de los hijos de Anaís fueron transportados en camión, derramando sangre por la carretera, sin que nadie se atreviera a detenerlo.

Bajo las mafias, el robo se castiga con amputación o disparos en las manos, como le ocurrió a este hombre. Asesinatos, desapariciones y el hallazgo de fosas comunes son habituales en una región que desde 2016 ha vivido no menos de 12 masacres. Hace poco, una cabeza humana apareció dentro de una bolsa en la plaza central de El Callao, al sudeste de Caracas, junto a un escrito que advertía de que los 'tributos' «deben pagarse en oro los días 15 y 30 de cada mes».