El Chernóbil del Amazonas

Los empleados de Texaco se acercaron a los dos indios y les entregaron una botella con gasóleo. Padre e hijo no podían imaginar cómo aquel líquido verdoso iba a marcar su destino. Fue apenas un anticipo de una de las mayores catástrofes medioambientales de todos los tiempos, con consecuencias devastadoras y duraderas para los pueblos y la selva. Es decir, para todos.

En 1964, Texaco había firmado un contrato con la junta militar que gobernó Ecuador entre 1963 y 1966. Con el banano como único producto de exportación significativo, la explotación petrolífera alimentó una gran esperanza económica. Para ello, la multinacional penetró en la selva tropical, hogar de comunidades indígenas como los A'i cofán y waorani durante siglos, taló miles de árboles y construyó un oleoducto de 500 kilómetros hasta el Pacífico. Se levantó incluso una ciudad entera: Lago Agrio, nombre inspirado en Sour Lake, ciudad donde Texaco se fundó, en Texas.

Tres años después, el petróleo comenzó a brotar en medio de una auténtica euforia nacional. El primer barril fue paseado por Quito y exhibido en la principal academia militar del país. El Gobierno declaró los combustibles fósiles como «factor económico crucial», Ecuador se convirtió pronto en el segundo mayor exportador de América Latina, por detrás de Venezuela, y su PIB se duplicó en una década.

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Abierta la selva, la construcción de carreteras y líneas eléctricas impulsó una migración masiva al calor de la naciente industria petrolera, la expansión de las madereras y la proliferación de plantaciones de palma aceitera. Mientras tanto, los indígenas eran expulsados de sus tierras de forma violenta y los residuos del petróleo y los lodos de perforación, ricos en metales pesados perjudiciales para el medioambiente y toxinas peligrosas, comenzaron a contaminar la región.

De 1964 a 1992, Texaco perforó unos 340 pozos y excavó otros 657 para ser utilizados como almacenes de residuos de petróleo y lodos de perforación. Más de 100 millones de litros de crudo y más de 50.000 millones de litros de aguas con residuos tóxicos fluyeron a la selva, según el Ministerio de Exteriores de Ecuador. Hoy, más de 21.000 kilómetros cuadrados –territorio similar al de la Comunidad Valenciana– están afectados.

¿Las consecuencias? Estanques con olor a gasolinera, ríos contaminados, abortos espontáneos, erupciones cutáneas, deformidades y las tasas de cáncer más elevadas de América del Sur. Según un estudio de las organizaciones Unión de Afectados/as por Texaco y Clínica Ambiental, la prevalencia del cáncer de huesos en la región es diez veces mayor que el promedio ecuatoriano y las mujeres sufren ocho veces más cáncer de cuello uterino. Ante esta situación, en 1993 se presentó la primera demanda por contaminación en nombre de 30.000 agricultores, colonos y comunidades indígenas. Los abogados de la acusación definieron la situación como un «Chernóbil del Amazonas».

Un año más tarde, un portavoz de Texaco declaraba a The New York Times que no había «pruebas que relacionen su producción de petróleo con el aumento del cáncer», aunque Richard Cabrera, el perito-geólogo nombrado por la corte de Quito que lleva el caso, calcula los daños causados por la petrolera en 27.000 millones de dólares. La multinacional echó la culpa de todo a la estatal ecuatoriana, Petroecuador, que asumió la gestión petrolera cuando Texaco dejó el país en 1990.

La empresa estadounidense argumentó que la destrucción tuvo lugar entre ese año y 1992 –cuando ellos ya no estaban–, aunque tres años después acabó aceptando un acuerdo con el Gobierno del presidente Sixto Durán-Ballén para gastar 40 millones de dólares en la limpieza de los pozos tóxicos. Texaco se limitó a cubrirlos con tierra, suficiente para quedar liberada de toda responsabilidad ante el débil Estado ecuatoriano, pero los afectados prosiguieron con su lucha en los tribunales hasta que un nuevo jugador transformó por completo la partida.

En el año 2000, la petrolera Chevron compró Texaco por 45.000 millones de dólares y se hizo cargo de los litigios pendientes, iniciando la disputa legal ambiental más grande de todos los tiempos. Once años después, en 2011, un tribunal ecuatoriano multó a la petrolera con 9500 millones de dólares por contaminación ambiental, pero hasta hoy, aseguran los afectados, Chevron no ha pagado un solo centavo de compensación ni ha tomado medidas para reparar el daño medioambiental en la región.

Lo advirtió en su día un portavoz de la petrolera a Newsweek: «No permitiremos que los países pequeños traten así a las grandes empresas. Lucharemos hasta que el infierno se congele, ¡y luego lucharemos en el hielo!». Y eso han hecho.

En una inquietante maniobra jurídica, Chevron llevó la causa ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, argumentando que todas las reclamaciones han sido pagadas hace tiempo, que los daños ambientales que causó ya han sido reparados y que la sentencia que la obligaba a pagar 9500 millones de dólares había sido fraudulenta, dictada por un juez corrupto e inaplicable según el derecho internacional. Argumentos que los jueces de La Haya asumieron en plenitud, obligando al Estado ecuatoriano a detener todos los procedimientos legales contra Chevron, o pagar él mismo la multa de 9500 millones de dólares, además de imponer al Gobierno de Quito una compensación de 2000 millones a favor del gigante petrolero.

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Es decir, al final ningún responsable pagará de momento por el desastre. «Nunca hemos recibido ayuda ni de Chevron ni del Gobierno», resume Emergildo Criollo. Los demandantes, sin embargo, no se rinden. El propio Criollo lidera hoy la Alianza Ceibo, una reunión de comunidades indígenas en lucha contra las petroleras, en un esfuerzo desesperado para que su hogar ancestral sea descontaminado y las futuras generaciones puedan seguir viviendo en la selva.